Queridos/as amigos/as:
Os comunicamos que ya podéis adheriros, tanto individualmente como en firma de colectivo, asociación u organización de cualquier tipo al PACTO POR LA TRANSPARENCIA Y EL BUEN GOBIERNO EN LA REGIÓN DE MURCIA. Pincha en "Adhesiones" o "Adhesiones de Organizaciones" en el menú de la nueva web:
www.pactotransparencia.org
viernes, 15 de abril de 2011
ORGANIZACIONES FIRMANTES HASTA EL DIA DE HOY
Organización
Foro Ciudadano de la Región de Murcia http://www.forociudadano.org
Murcianegocios.es http://www.murcianegocios.es
Unión Progreso y Democracia http://www.upyd.es/murcia
Ecolo-Los Verdes ( Los Verdes de la Región de Murcia) http://www.losverdesdemurcia.com
Puente Sur España http://www.azogue.net
Govern Obert http://www.governobert.org
Partido para la Regeneración de la Democracia en España http://www.partidoprde.com
Foro del Pensamiento del Siglo XXI http://www.pensamientosiglo21.org
Colegio Oficial de Ciencias Políticas y Sociología de la Región de Murcia http://www.mupolsoc.org
Izquierda Unida-Verdes de la Región de Murcia http://iuverdes.es
Foro Social de Murcia http://www.forosocialdelaregiondemurcia.blogspot.com/
Partido para la Regeneración de la Democracia en España http://prde.es
Asociación de Defensa de la Sanidad Pública de la Región de Murcia http://adspmurcia.blogspot
Foro Ciudadano de la Región de Murcia http://www.forociudadano.org
Murcianegocios.es http://www.murcianegocios.es
Unión Progreso y Democracia http://www.upyd.es/murcia
Ecolo-Los Verdes ( Los Verdes de la Región de Murcia) http://www.losverdesdemurcia.com
Puente Sur España http://www.azogue.net
Govern Obert http://www.governobert.org
Partido para la Regeneración de la Democracia en España http://www.partidoprde.com
Foro del Pensamiento del Siglo XXI http://www.pensamientosiglo21.org
Colegio Oficial de Ciencias Políticas y Sociología de la Región de Murcia http://www.mupolsoc.org
Izquierda Unida-Verdes de la Región de Murcia http://iuverdes.es
Foro Social de Murcia http://www.forosocialdelaregiondemurcia.blogspot.com/
Partido para la Regeneración de la Democracia en España http://prde.es
Asociación de Defensa de la Sanidad Pública de la Región de Murcia http://adspmurcia.blogspot
PACTO POR LA TRANSPARENCIA Y EL BUEN GOBIERNO EN LA REGIÓN DE MURCIA
Documento del Pacto por la Transparencia
Los ciudadanos, instituciones y organizaciones de la sociedad civil murciana abajo firmantes deseamos manifestar lo siguiente:
1. Sentimos una honda preocupación por la actual situación de profunda crisis económica y la creciente percepción ciudadana sobre la ineficacia de nuestras administraciones públicas en todos los niveles de gobierno. La baja calidad democrática de nuestras instituciones, la dificultad para salir de la crisis e incluso para atisbar un horizonte de mejora, así como los episodios de corrupción desvelados en estos últimos años, están dando lugar a un progresivo sentimiento ciudadano de desafección o desapego hacia la política y los políticos. De acuerdo con los barómetros del CIS, la clase política se ha convertido en el tercer problema del ranking de preocupaciones públicas de los españoles. De continuar esta deriva los riesgos de que surjan “soluciones” populistas y/o autoritarias serán cada vez mayores. La Región de Murcia no es ajena a esta situación y a estos riesgos.
2. Consideramos que en un momento tan crítico como éste es imprescindible reivindicar la nobleza y la necesidad de la actividad política democrática. Precisamente en un contexto de intensa crisis es más evidente la necesidad de la política, la actividad de coordinación de los intereses particulares se torna imprescindible. Ignorar el papel esencial de la política conduce inevitablemente a situaciones sociales aún más graves. En consecuencia, tras la situación de descrédito a la que se ha llegado no sólo en la Región, sino en toda España y en buena parte de Europa, se hace necesario recuperar la confianza de los ciudadanos en la política y los políticos.
3. Proponemos un instrumento que permita acrecentar la confianza de los ciudadanos en los políticos y en las instituciones políticas de la Región y, al mismo tiempo, permita a éstas actuar con una mayor eficacia. Se trata de un pacto por la transparencia y el buen gobierno que incluye una batería de medidas características del denominado Gobierno Abierto y articuladas en torno a cinco ámbitos de actuación: transparencia, participación, colaboración, evaluación y control externo:
A. Transparencia: “Queremos saber”. Los ciudadanos necesitan acceder a toda aquella información que les permita conocer y juzgar la actividad de las diferentes instituciones públicas. Y éstas han de generar de manera activa la información relevante y hacerla accesible a los ciudadanos.
B. Participación: “Queremos tomar parte”. Los ciudadanos, y no sólo los directamente afectados, debemos tener una mayor capacidad de participar e influir en la toma de decisiones públicas si hemos de responsabilizarnos de las mismas.
C. Colaboración: “Queremos contribuir a la mejora de los servicios públicos”. Ciudadanos, colectivos, asociaciones y empresas tienen que tener cauces para colaborar en los procesos de mejora de la prestación de los servicios públicos.
D. Evaluación: “Queremos conocer el impacto real de las actuaciones públicas”. Todas las organizaciones públicas deben estar obligadas a supervisar y dar cuenta de cómo progresan en sus metas propias. Sólo así podrán los ciudadanos conocer cuál es el efecto real que determinados planes públicos de actuación están teniendo sobre aquellas realidades sociales a las que se dirigen.
E. Control externo: “Queremos instituciones públicas con capacidad de reacción efectiva ante las anomalías o las quejas externas”. Las organizaciones públicas deben contar con mecanismos internos que les permitan procesar las anomalías que se detecten en su funcionamiento y las quejas que reciban por los problemas generados en su actuación. Asimismo, han de existir mecanismos externos a la propia organización que lleven a cabo un control eficaz y no meramente formal de su actuación.
4. Con ello pretendemos mejorar la eficacia y la legitimidad de nuestras instituciones de gobierno, al tiempo que reforzamos la corresponsabilización de la sociedad murciana en las decisiones colectivas. Se trata, por tanto, de aprovechar la vigente situación de crisis para impulsar un cambio en la cultura y una reforma de nuestras instituciones públicas que rompa con la tradicional opacidad de su funcionamiento, ponga a los ciudadanos en el centro de su actividad y mejore su calidad democrática.
5. No inventamos nada. Este Pacto por la Transparencia y el Buen Gobierno en la Región propone una serie de medidas que no son de nuestra invención, sino que vienen siendo impulsadas desde hace unos años por organismos internacionales como la OCDE, el Consejo de Europa o la propia Unión Europea, con el objetivo de mejorar el funcionamiento de los gobiernos democráticos. Ya hay múltiples experiencias en marcha en otros países e incluso en algunas Comunidades Autónomas y Ayuntamientos. La Región de Murcia debe aprovechar estas experiencias y propuestas previas y convertirse en un referente de buen gobierno al menos en el plano nacional.
6. Queremos que este Pacto no sea una mera declaración de buenas intenciones que quede en un nuevo papel mojado. Con la intención de que este Pacto impulse cambios reales en el funcionamiento de nuestras instituciones públicas, se crea una Comisión de seguimiento del mismo, compuesta por representantes de todas las organizaciones firmantes, que publicará un informe anual sobre el grado de realización de este Pacto por las autoridades responsables.
EL PACTO POR LA TRANSPARENCIA Y EL BUEN GOBIERNO EN LA REGIÓN DE MURCIA se articula en torno a las siguientes medidas:
A. TRANSPARENCIA
1. Ley de Transparencia y Acceso de los Ciudadanos a la Información Pública de la Región de Murcia.
El derecho de acceso a la información es un derecho fundamental reconocido por la legislación internacional y la Constitución Española, que fija sus únicos límites. Todas las personas tienen el derecho de solicitar toda la información a todas las administraciones e instituciones públicas sin tener que explicar para qué quieren la información o qué uso van a dar a la misma y tienen el derecho de recibir una respuesta en un plazo breve y en un formato claro y comprensible.
La Región de Murcia a través de la Asamblea Regional debe aprobar en la próxima legislatura una Ley regional de Transparencia y Acceso de los Ciudadanos a la Información Pública en su ámbito de competencias, con independencia del que corresponda al Estado.
Entre otras medidas, esta ley determinará que los presupuestos públicos se divulguen de forma gratuita por Internet, incluyendo su proceso de elaboración, aprobación, ejecución y liquidación, así como el de las sociedades públicas y participadas dependientes de las Administraciones. Se analizarán las desviaciones entre lo aprobado y ejecutado, la liquidación final y las de cada organismo. También el endeudamiento real, los compromisos contraídos a largo plazo, así como su inventario. Se acompañará una memoria de la gestión con unos indicadores donde se evalúen la eficacia y la eficiencia de los recursos empleados, así como, un análisis de las medidas prioritarias para un desarrollo sostenible.
2. La incorporación de la nueva cultura del Gobierno Abierto
El desarrollo legal del derecho de acceso a la información se acompañará de la incorporación de la nueva cultura del llamado Gobierno Abierto por parte de todas las instituciones públicas de la Región, primando los valores de transparencia, participación y colaboración en todos los ámbitos de gestión.
Es un cambio cultural profundo respecto de la actual administración, que ha de colocar al ciudadano en el centro de la gestión. Este proceso debe alcanzar a todas las estructuras administrativas, su organización interna y dar lugar a nuevas formas de relación con los ciudadanos.
Las instituciones públicas regionales utilizarán y promoverán la utilización de herramientas de las Tecnologías de la Información (incluyendo recursos móviles), de la web 2.0 y de software libre, favoreciendo un rol activo de la ciudadanía en la generación de contenidos, y contribuyendo al desarrollo de programas de uso gratuitos para la comunidad.
3. Ley de Publicidad y Comunicación Institucional de la Región de Murcia.
Como ya han hecho otras comunidades autónomas, la Comunidad de Murcia regulará las campañas institucionales de publicidad y de comunicación realizadas por las administraciones públicas de la región y las entidades integrantes del sector público regional y de cualesquiera otras entidades que realicen sus campañas con dinero público.
Esta ley prohibirá las campañas que tengan como finalidad destacar los logros o los objetivos alcanzados por las mismas, garantizará principios de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación, y obligará a la elaboración de un Plan anual previo, con un límite de gasto. Asimismo establecerá el deber de realizar un informe anual en el que se incluirán todos los anuncios y campañas institucionales realizadas en el año anterior, señalándose su importe y los adjudicatarios de los contratos celebrados, que será de dominio público.
4. Registro público de subvenciones
Se modificará la Ley de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de forma que se establezca un registro regional público y obligatorio de todas las subvenciones concedidas, sin excepciones, con sus correspondientes cantidades y referencia nominativa de todo tipo de sujetos, que se actualizará al menos anualmente.
La debida transparencia alcanzará también a la publicación detallada de los procedimientos y criterios de concesión de todo tipo de subvenciones y ayudas, con determinación de cuantía y beneficiarios, incluyendo las personas jurídicas y los grupos de las que dependan.
También los preceptores de subvenciones por actividades de interés general deberán asumir obligaciones de transparencia económica, depositando en un registro público de libre acceso la correspondiente información.
5. Mecanismos de transparencia en toda la contratación pública
La contratación pública se ha identificado como la actividad de gobierno más vulnerable a la corrupción, de forma que la transparencia y la rendición de cuentas se consideran como condiciones clave para la promoción de la integridad y la prevención de la corrupción, eliminando las “zonas oscuras” y la discrecionalidad.
Se creará el Registro Público de Contrataciones del gobierno regional para que cualquier ciudadano pueda consultar todos los contratos realizados por el gobierno, los organismos autónomos y las sociedades públicas regionales y las empresas adjudicatarias
Se crearán Comisiones de Control y Seguimiento en la contratación pública allí donde no existan para garantizar los principios de transparencia, legalidad, publicidad y libre concurrencia, como recoge el Código del Buen Gobierno de la FEMP.
6. Simplificación de trámites administrativos y extensión de la e-administración
Es necesaria una adaptación de la legislación regional y de la normativa local en materia de simplificación de trámites administrativos integrada en la e-Administración de forma que elimine aquellos trámites que no añaden valor, asegurando el establecimiento de un modelo integrador de relación entre las empresas, los colectivos sociales y la administración pública, aprovechando las ventajas que supone disponer del DNI electrónico. Se contemplarán todas las obligaciones que se establezcan a nivel estatal y que suponen un evidente beneficio en la gestión (p. ej. Ley 11/2007 de Administración Electrónica).
El Gobierno autonómico y los Ayuntamientos de la Región de Murcia deberán adoptar de inmediato la implantación de herramientas como portales web accesibles, sistemas de información gerenciales (ERP) con modelos de gestión basada en la orientación al cliente (CRM), así como el uso de plataformas de redes sociales o comunidades virtuales y muchas otras que permite la Red Internet, con el fin de mejorar la eficiencia y eficacia de los procesos internos administrativos y su vinculación con la comunidad y los ciudadanos.
7. Transparencia legislativa
La Asamblea Regional tiene que adaptarse también a los requerimientos del Gobierno Abierto, según los modelos de los Parlamentos Abiertos, estableciendo una relación nueva con la ciudadanía a través de las posibilidades de las nuevas tecnologías, de forma que los ciudadanos puedan participar de la actividad parlamentaria, como ocurre en otras comunidades (Parlament 2.0 en Cataluña o Zabalik en el País Vasco).
La transparencia como técnica legislativa se aplicará también a las leyes que apruebe la cámara regional, que deberán llevar un informe anexo de transparencia relacionada con sus propósitos. En este informe se identificará la información relevante para la política de que se trate y se garantizará el acceso público a la misma.
8. Ratificación por los ayuntamientos de la Región del Código del Buen Gobierno Local de la FEMP e incorporación a su normativa.
La FEMP aprobó por unanimidad de todos los grupos políticos en diciembre de 2009 un Código de Buen Gobierno Local que recoge múltiples propuestas para un gobierno local más cercano, transparente y eficaz, comprometido con la calidad de la democracia. Incluye medidas de mejora de la gestión y de la democracia local, establece un régimen de incompatibilidades y declaración de actividades y bienes de los representantes electos y los no electos de las Juntas de Gobierno locales, criterios para la retribución económica de los electos y su publicidad, y medidas de democracia participativa.
Los ayuntamientos de la región deberán ratificar este Código, si no lo han hecho ya, informar de su contenido a los ciudadanos e incorporarlo a su ordenamiento a través de los Reglamentos Orgánicos y otras normas locales, y velar por su cumplimiento.
9. Una Ley regional de transparencia en la financiación de los partidos y las campañas electorales.
Este ámbito sigue siendo uno de los más problemáticos y opacos en nuestro sistema democrático. Para recuperar la confianza ciudadana en la política democrática, debemos dar pasos decididos para incrementar la transparencia en las cuentas de los partidos. La Región de Murcia puede convertirse en una comunidad pionera en este impulso. Esta ley obligaría a los partidos políticos que compiten en elecciones en la Región a ofrecer dentro de los seis meses posteriores al cierre de la campaña electoral correspondiente un balance suficientemente detallado de sus ingresos y gastos tanto en los comicios autonómicos como municipales. Anualmente realizarán una liquidación de los ingresos y gastos del mantenimiento ordinario de sus organizaciones locales y regionales, con un inventario de su patrimonio y sus deudas.
10. Una Ley regional de transparencia en la financiación de los agentes sociales.
Las organizaciones empresariales y sindicales que reciban financiación pública estarán igualmente obligadas a ofrecer una información pública rigurosa y detallada tanto de sus cuentas anuales como de los procesos electorales que lleven a cabo, incluyendo un inventario de su patrimonio y sus deudas.
11. Aplicación rigurosa del régimen de incompatibilidades de funcionarios y autoridades públicas.
Pese a la existencia de abundante legislación en este tema, seguimos presenciando con excesiva frecuencia que los intereses particulares de determinadas autoridades, funcionarios y empleados públicos se imponen sobre el interés general. Resulta inaceptable que suceda algo así, por lo que es del todo necesario que quienes desempeñan labores públicas estén sometidos con total rigor al régimen legal de incompatibilidades y a la obligación de depositar en un registro público sus declaraciones de intereses y actividades de carácter privado.
B. PARTICIPACIÓN
La participación activa de los ciudadanos ha de convertirse en el eje de una nueva administración local y regional. Si la democracia electiva ha de extenderse a los órganos administrativos descentralizados a los que aún no alcanza (como las Juntas Vecinales o de Distrito) la participación directa de unos ciudadanos con acceso a la información ha de convertirse en el objetivo prioritario de la acción institucional. Las múltiples figuras prácticamente inéditas que recogen los reglamentos municipales de participación (la audiencia pública, la iniciativa popular, la consulta popular o referéndum, el derecho de intervención en los plenos y otros órganos municipales, el derecho de propuesta, los consejos de participación, etc.), así como las nuevas vías que abren los nuevos desarrollos tecnológicos, han de ser promovidas activamente y utilizadas de forma habitual como instrumentos de una verdadera política de extensión de la participación, ocupando un papel central en la vida institucional.
12. Revitalización de Consejos de Participación.
Estos órganos de participación en las políticas sectoriales regionales y locales deben revitalizarse y eliminar su burocratización para salir de su vida lánguida cuando no inactiva. El objetivo es su transformación en instrumentos de mejora de la participación ciudadana y la rendición de cuentas.
Esta revitalización pasa por revisar su composición y funciones a fin de darles mayor representatividad y protagonismo, convirtiéndolos en actores relevantes de la vida institucional.
13. Revisión y mejora Ley Electoral Regional.
La actual Ley electoral regional debe revisarse para la introducción de mejoras que aumenten el respeto del principio de proporcionalidad, permitiendo la mejora de la representación de la voluntad popular y la igualdad del valor del voto, lo que sin duda enriquecerá la vida pública de la Región.
14. Reutilización de información del sector público por las empresas.
La reutilización de la información del sector público consiste en el uso por parte de personas físicas o jurídicas, de información generada por organismos del sector público, con fines comerciales o no comerciales. El sector público produce una gran variedad de información, que es potencialmente reutilizable por los ciudadanos, por la iniciativa social, por las ONG y por la industria de contenidos digitales (como por ejemplo, información social, económica, geográfica, estadística, meteorológica o turística y sobre empresas y educación) y por otros sectores. Aunque existe una directiva europea sobre ello, legislación estatal y alguna actuación significativa (el Programa APORTA, dentro del Plan Avanza 2) en la Región de Murcia esta reutilización está muy poco desarrollada.
Las administraciones regional y local han de impulsar esta línea de trabajo que mejora la transparencia y tiene un considerable potencial económico que deben desarrollar a través de decisiones estratégicas, organizativas y operativas, y de actuaciones de formación para crear una verdadera cultura de la reutilización. Para tal fin es fundamental la creación de un Portal Open Data de la Comunidad Autónoma, donde se incorporen a su vez los datos de las administraciones locales.
15. Presupuestos participativos
Los Presupuestos Participativos están demostrando en las Administraciones públicas que lo aplican que son un proceso social y políticamente muy dinámico, revitalizador de la democracia y compatible con las técnicas presupuestarias de la contabilidad pública. Es una forma de compartir decisiones de inversión o gasto en las haciendas locales con criterios de equidad e integración social, impulsando la eficiencia en la gestión, la transparencia y la rendición de cuentas al ciudadano.
Impulsar la participación ciudadana en la elección de prioridades, es un método eficaz para gestionar el gasto público especialmente en momentos de escasez por la crisis. Su implantación es respuesta de la voluntad política, iniciando el proyecto de participación con un porcentaje de las inversiones o gastos para que los ciudadanos los prioricen, asumiendo sus decisiones en los presupuestos generales municipales. Todo ello con el apoyo de una “oficina presupuestaria independiente”, que sirva de vehículo de información, control, transparencia y rendición de cuentas, para dar consistencia a su funcionamiento.
16. Participación social en los medios públicos de comunicación.
El acceso de los grupos sociales y políticos a los medios de comunicación de titularidad pública es un derecho constitucional (art. 20.3), recogido en diversas leyes y regulaciones para el ámbito estatal. Este derecho debe ser desarrollado en la Región de Murcia para que los diferentes grupos sociales -además de los políticos- puedan acceder a los medios públicos regionales de manera que se garantice la participación y la visibilidad de la sociedad civil organizada en el conjunto de su programación con criterios de pluralismo social.
C. COLABORACIÓN
La colaboración – con los ciudadanos, con sus asociaciones, con las empresas, con los empleados públicos y los responsables políticos, entre distintos departamentos en una administración, y con otras administraciones- es uno de los pilares del cambio cultural que llega. Hablamos de unas nuevas relaciones de poder basadas en la corresponsabilidad, de nuevos métodos de trabajo colaborativo que permita abordar, como consecuencia de la participación, los retos que los gobiernos no pueden abordar solos, mejorando los resultados de las políticas públicas a través del conocimiento y experiencia de los ciudadanos. Esto requiere nuevas herramientas, métodos y sistemas innovadores – internos y externos-en los que las nuevas tecnologías han de jugar un papel decisivo, y una nueva formación de todos los agentes intervinientes.
17. Puesta en marcha de sistemas ágiles de encuestas y/o de recogida de información y opiniones de los ciudadanos.
Con la misión de mejorar los servicios públicos, incorporar propuestas a la gestión de gobierno, aprovechar, en su medida adecuada, los recursos que los ciudadanos divulgan a través de Internet en beneficio de los servicios comunitarios, conocer su opinión para prevenir incidentes o solucionar posibles problemas futuros, o reaprovechar recursos multimedia generados por los usuarios y por los empleados públicos para ofrecer nuevos servicios.
D. EVALUACIÓN
18. Obligatoriedad de evaluación de las políticas y los planes públicos
Una administración eficaz y eficiente no puede permitirse eludir la evaluación de sus planes y de sus políticas. No es una posibilidad: es una obligación del Buen Gobierno, que debe constituirse en la norma exigida a todas las administraciones de la región.
Cada administración deberá contar con un Plan de Evaluación, donde recogerá los compromisos temporalizados de evaluación de sus actuaciones. Esto requiere necesariamente el establecimiento de indicadores de evaluación sobre la base de información públicamente accesible, sistematizada y generada de forma regular.
La administración regional complementará las evaluaciones convenidas con la Agencia Estatal de Evaluación –que tendrán la máxima prioridad- con otras realizadas con medios regionales. Estas evaluaciones serán públicas y estarán recogidas en un Registro de Evaluación de las Políticas públicas y la Calidad de los Servicios Públicos (como existe, por ejemplo, en Navarra).
19. Realización de Memorias de Rendición de Cuentas en todos los Planes regionales
Como actuación complementaria de la anterior, la práctica de realización de memorias públicas sobre cada uno de los planes regionales de actuación en desarrollo o finalizados debe generalizarse sin excepciones. Su orientación ha de ser realizada en términos de valor público y de modificación de la realidad y su periodicidad ajustada a la duración del plan.
E. CONTROL EXTERNO
20. Creación de Oficinas presupuestarias en los ayuntamientos y en el Gobierno autonómico.
Estas Oficinas del Presupuesto controlarán la ejecución y las decisiones presupuestarias, expondrán en tiempo real su evolución y pondrán toda esta información a disposición de cualquier ciudadano. Esta Oficina del Presupuesto, estará dirigida por un profesional cualificado en la materia, funcionario, nombrado a propuesta de los grupos de la minoría, los que no gobiernan, y su nombramiento se realizará por el Consistorio en pleno/ Asamblea Regional. Se podrá rechazar la propuesta, hasta que se acepte el candidato. El nombramiento es por la duración del mandato, cuatro años y contará con los medios adecuados para cumplir sus funciones de control del presupuesto.
21. Auditorías ciudadanas.
La “gobernanza eficaz” precisa de la participación democrática, es decir, de una mayor implicación de los ciudadanos en la acción de dar cuentas de lo que se hace y de compartir las revisiones de los programas y objetivos presupuestarios y su incidencia en la vida de la sociedad local o regional. Esta acción de compartir información, de evaluar con auditorias ciudadanas, creará un diálogo ordenado que permitirá distinguir las acciones más socialmente responsables de aquéllas que no han cumplido los efectos deseados para la sostenibilidad. Con ello se evitará que “buenos políticos” tomen decisiones inadecuadas desde el punto de vista de la gobernanza ciudadana y de la ética.
22. Auditorías de desempeño.
Los organismos públicos de control externo (tribunales de cuentas) u órganos equivalentes deben extender su papel más allá de la mera fiscalización de la ejecución de los presupuestos para llevar a cabo una verdadera auditoría de desempeño. En este sentido, se trata de identificar la información relevante, para lo que se permite emplear técnicas como las encuestas o entrevistas a usuarios para obtener información de interés sobre las políticas y servicios; se analiza la transparencia del comportamiento gubernamental desde el punto de vista de la capacidad de los ciudadanos para acceder, entender y analizar los datos provistos por la administración; y se establecen los beneficios públicos relacionados con las actuaciones, identificando los obstáculos y mejoras que han de producirse.
Los ciudadanos, instituciones y organizaciones de la sociedad civil murciana abajo firmantes deseamos manifestar lo siguiente:
1. Sentimos una honda preocupación por la actual situación de profunda crisis económica y la creciente percepción ciudadana sobre la ineficacia de nuestras administraciones públicas en todos los niveles de gobierno. La baja calidad democrática de nuestras instituciones, la dificultad para salir de la crisis e incluso para atisbar un horizonte de mejora, así como los episodios de corrupción desvelados en estos últimos años, están dando lugar a un progresivo sentimiento ciudadano de desafección o desapego hacia la política y los políticos. De acuerdo con los barómetros del CIS, la clase política se ha convertido en el tercer problema del ranking de preocupaciones públicas de los españoles. De continuar esta deriva los riesgos de que surjan “soluciones” populistas y/o autoritarias serán cada vez mayores. La Región de Murcia no es ajena a esta situación y a estos riesgos.
2. Consideramos que en un momento tan crítico como éste es imprescindible reivindicar la nobleza y la necesidad de la actividad política democrática. Precisamente en un contexto de intensa crisis es más evidente la necesidad de la política, la actividad de coordinación de los intereses particulares se torna imprescindible. Ignorar el papel esencial de la política conduce inevitablemente a situaciones sociales aún más graves. En consecuencia, tras la situación de descrédito a la que se ha llegado no sólo en la Región, sino en toda España y en buena parte de Europa, se hace necesario recuperar la confianza de los ciudadanos en la política y los políticos.
3. Proponemos un instrumento que permita acrecentar la confianza de los ciudadanos en los políticos y en las instituciones políticas de la Región y, al mismo tiempo, permita a éstas actuar con una mayor eficacia. Se trata de un pacto por la transparencia y el buen gobierno que incluye una batería de medidas características del denominado Gobierno Abierto y articuladas en torno a cinco ámbitos de actuación: transparencia, participación, colaboración, evaluación y control externo:
A. Transparencia: “Queremos saber”. Los ciudadanos necesitan acceder a toda aquella información que les permita conocer y juzgar la actividad de las diferentes instituciones públicas. Y éstas han de generar de manera activa la información relevante y hacerla accesible a los ciudadanos.
B. Participación: “Queremos tomar parte”. Los ciudadanos, y no sólo los directamente afectados, debemos tener una mayor capacidad de participar e influir en la toma de decisiones públicas si hemos de responsabilizarnos de las mismas.
C. Colaboración: “Queremos contribuir a la mejora de los servicios públicos”. Ciudadanos, colectivos, asociaciones y empresas tienen que tener cauces para colaborar en los procesos de mejora de la prestación de los servicios públicos.
D. Evaluación: “Queremos conocer el impacto real de las actuaciones públicas”. Todas las organizaciones públicas deben estar obligadas a supervisar y dar cuenta de cómo progresan en sus metas propias. Sólo así podrán los ciudadanos conocer cuál es el efecto real que determinados planes públicos de actuación están teniendo sobre aquellas realidades sociales a las que se dirigen.
E. Control externo: “Queremos instituciones públicas con capacidad de reacción efectiva ante las anomalías o las quejas externas”. Las organizaciones públicas deben contar con mecanismos internos que les permitan procesar las anomalías que se detecten en su funcionamiento y las quejas que reciban por los problemas generados en su actuación. Asimismo, han de existir mecanismos externos a la propia organización que lleven a cabo un control eficaz y no meramente formal de su actuación.
4. Con ello pretendemos mejorar la eficacia y la legitimidad de nuestras instituciones de gobierno, al tiempo que reforzamos la corresponsabilización de la sociedad murciana en las decisiones colectivas. Se trata, por tanto, de aprovechar la vigente situación de crisis para impulsar un cambio en la cultura y una reforma de nuestras instituciones públicas que rompa con la tradicional opacidad de su funcionamiento, ponga a los ciudadanos en el centro de su actividad y mejore su calidad democrática.
5. No inventamos nada. Este Pacto por la Transparencia y el Buen Gobierno en la Región propone una serie de medidas que no son de nuestra invención, sino que vienen siendo impulsadas desde hace unos años por organismos internacionales como la OCDE, el Consejo de Europa o la propia Unión Europea, con el objetivo de mejorar el funcionamiento de los gobiernos democráticos. Ya hay múltiples experiencias en marcha en otros países e incluso en algunas Comunidades Autónomas y Ayuntamientos. La Región de Murcia debe aprovechar estas experiencias y propuestas previas y convertirse en un referente de buen gobierno al menos en el plano nacional.
6. Queremos que este Pacto no sea una mera declaración de buenas intenciones que quede en un nuevo papel mojado. Con la intención de que este Pacto impulse cambios reales en el funcionamiento de nuestras instituciones públicas, se crea una Comisión de seguimiento del mismo, compuesta por representantes de todas las organizaciones firmantes, que publicará un informe anual sobre el grado de realización de este Pacto por las autoridades responsables.
EL PACTO POR LA TRANSPARENCIA Y EL BUEN GOBIERNO EN LA REGIÓN DE MURCIA se articula en torno a las siguientes medidas:
A. TRANSPARENCIA
1. Ley de Transparencia y Acceso de los Ciudadanos a la Información Pública de la Región de Murcia.
El derecho de acceso a la información es un derecho fundamental reconocido por la legislación internacional y la Constitución Española, que fija sus únicos límites. Todas las personas tienen el derecho de solicitar toda la información a todas las administraciones e instituciones públicas sin tener que explicar para qué quieren la información o qué uso van a dar a la misma y tienen el derecho de recibir una respuesta en un plazo breve y en un formato claro y comprensible.
La Región de Murcia a través de la Asamblea Regional debe aprobar en la próxima legislatura una Ley regional de Transparencia y Acceso de los Ciudadanos a la Información Pública en su ámbito de competencias, con independencia del que corresponda al Estado.
Entre otras medidas, esta ley determinará que los presupuestos públicos se divulguen de forma gratuita por Internet, incluyendo su proceso de elaboración, aprobación, ejecución y liquidación, así como el de las sociedades públicas y participadas dependientes de las Administraciones. Se analizarán las desviaciones entre lo aprobado y ejecutado, la liquidación final y las de cada organismo. También el endeudamiento real, los compromisos contraídos a largo plazo, así como su inventario. Se acompañará una memoria de la gestión con unos indicadores donde se evalúen la eficacia y la eficiencia de los recursos empleados, así como, un análisis de las medidas prioritarias para un desarrollo sostenible.
2. La incorporación de la nueva cultura del Gobierno Abierto
El desarrollo legal del derecho de acceso a la información se acompañará de la incorporación de la nueva cultura del llamado Gobierno Abierto por parte de todas las instituciones públicas de la Región, primando los valores de transparencia, participación y colaboración en todos los ámbitos de gestión.
Es un cambio cultural profundo respecto de la actual administración, que ha de colocar al ciudadano en el centro de la gestión. Este proceso debe alcanzar a todas las estructuras administrativas, su organización interna y dar lugar a nuevas formas de relación con los ciudadanos.
Las instituciones públicas regionales utilizarán y promoverán la utilización de herramientas de las Tecnologías de la Información (incluyendo recursos móviles), de la web 2.0 y de software libre, favoreciendo un rol activo de la ciudadanía en la generación de contenidos, y contribuyendo al desarrollo de programas de uso gratuitos para la comunidad.
3. Ley de Publicidad y Comunicación Institucional de la Región de Murcia.
Como ya han hecho otras comunidades autónomas, la Comunidad de Murcia regulará las campañas institucionales de publicidad y de comunicación realizadas por las administraciones públicas de la región y las entidades integrantes del sector público regional y de cualesquiera otras entidades que realicen sus campañas con dinero público.
Esta ley prohibirá las campañas que tengan como finalidad destacar los logros o los objetivos alcanzados por las mismas, garantizará principios de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación, y obligará a la elaboración de un Plan anual previo, con un límite de gasto. Asimismo establecerá el deber de realizar un informe anual en el que se incluirán todos los anuncios y campañas institucionales realizadas en el año anterior, señalándose su importe y los adjudicatarios de los contratos celebrados, que será de dominio público.
4. Registro público de subvenciones
Se modificará la Ley de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de forma que se establezca un registro regional público y obligatorio de todas las subvenciones concedidas, sin excepciones, con sus correspondientes cantidades y referencia nominativa de todo tipo de sujetos, que se actualizará al menos anualmente.
La debida transparencia alcanzará también a la publicación detallada de los procedimientos y criterios de concesión de todo tipo de subvenciones y ayudas, con determinación de cuantía y beneficiarios, incluyendo las personas jurídicas y los grupos de las que dependan.
También los preceptores de subvenciones por actividades de interés general deberán asumir obligaciones de transparencia económica, depositando en un registro público de libre acceso la correspondiente información.
5. Mecanismos de transparencia en toda la contratación pública
La contratación pública se ha identificado como la actividad de gobierno más vulnerable a la corrupción, de forma que la transparencia y la rendición de cuentas se consideran como condiciones clave para la promoción de la integridad y la prevención de la corrupción, eliminando las “zonas oscuras” y la discrecionalidad.
Se creará el Registro Público de Contrataciones del gobierno regional para que cualquier ciudadano pueda consultar todos los contratos realizados por el gobierno, los organismos autónomos y las sociedades públicas regionales y las empresas adjudicatarias
Se crearán Comisiones de Control y Seguimiento en la contratación pública allí donde no existan para garantizar los principios de transparencia, legalidad, publicidad y libre concurrencia, como recoge el Código del Buen Gobierno de la FEMP.
6. Simplificación de trámites administrativos y extensión de la e-administración
Es necesaria una adaptación de la legislación regional y de la normativa local en materia de simplificación de trámites administrativos integrada en la e-Administración de forma que elimine aquellos trámites que no añaden valor, asegurando el establecimiento de un modelo integrador de relación entre las empresas, los colectivos sociales y la administración pública, aprovechando las ventajas que supone disponer del DNI electrónico. Se contemplarán todas las obligaciones que se establezcan a nivel estatal y que suponen un evidente beneficio en la gestión (p. ej. Ley 11/2007 de Administración Electrónica).
El Gobierno autonómico y los Ayuntamientos de la Región de Murcia deberán adoptar de inmediato la implantación de herramientas como portales web accesibles, sistemas de información gerenciales (ERP) con modelos de gestión basada en la orientación al cliente (CRM), así como el uso de plataformas de redes sociales o comunidades virtuales y muchas otras que permite la Red Internet, con el fin de mejorar la eficiencia y eficacia de los procesos internos administrativos y su vinculación con la comunidad y los ciudadanos.
7. Transparencia legislativa
La Asamblea Regional tiene que adaptarse también a los requerimientos del Gobierno Abierto, según los modelos de los Parlamentos Abiertos, estableciendo una relación nueva con la ciudadanía a través de las posibilidades de las nuevas tecnologías, de forma que los ciudadanos puedan participar de la actividad parlamentaria, como ocurre en otras comunidades (Parlament 2.0 en Cataluña o Zabalik en el País Vasco).
La transparencia como técnica legislativa se aplicará también a las leyes que apruebe la cámara regional, que deberán llevar un informe anexo de transparencia relacionada con sus propósitos. En este informe se identificará la información relevante para la política de que se trate y se garantizará el acceso público a la misma.
8. Ratificación por los ayuntamientos de la Región del Código del Buen Gobierno Local de la FEMP e incorporación a su normativa.
La FEMP aprobó por unanimidad de todos los grupos políticos en diciembre de 2009 un Código de Buen Gobierno Local que recoge múltiples propuestas para un gobierno local más cercano, transparente y eficaz, comprometido con la calidad de la democracia. Incluye medidas de mejora de la gestión y de la democracia local, establece un régimen de incompatibilidades y declaración de actividades y bienes de los representantes electos y los no electos de las Juntas de Gobierno locales, criterios para la retribución económica de los electos y su publicidad, y medidas de democracia participativa.
Los ayuntamientos de la región deberán ratificar este Código, si no lo han hecho ya, informar de su contenido a los ciudadanos e incorporarlo a su ordenamiento a través de los Reglamentos Orgánicos y otras normas locales, y velar por su cumplimiento.
9. Una Ley regional de transparencia en la financiación de los partidos y las campañas electorales.
Este ámbito sigue siendo uno de los más problemáticos y opacos en nuestro sistema democrático. Para recuperar la confianza ciudadana en la política democrática, debemos dar pasos decididos para incrementar la transparencia en las cuentas de los partidos. La Región de Murcia puede convertirse en una comunidad pionera en este impulso. Esta ley obligaría a los partidos políticos que compiten en elecciones en la Región a ofrecer dentro de los seis meses posteriores al cierre de la campaña electoral correspondiente un balance suficientemente detallado de sus ingresos y gastos tanto en los comicios autonómicos como municipales. Anualmente realizarán una liquidación de los ingresos y gastos del mantenimiento ordinario de sus organizaciones locales y regionales, con un inventario de su patrimonio y sus deudas.
10. Una Ley regional de transparencia en la financiación de los agentes sociales.
Las organizaciones empresariales y sindicales que reciban financiación pública estarán igualmente obligadas a ofrecer una información pública rigurosa y detallada tanto de sus cuentas anuales como de los procesos electorales que lleven a cabo, incluyendo un inventario de su patrimonio y sus deudas.
11. Aplicación rigurosa del régimen de incompatibilidades de funcionarios y autoridades públicas.
Pese a la existencia de abundante legislación en este tema, seguimos presenciando con excesiva frecuencia que los intereses particulares de determinadas autoridades, funcionarios y empleados públicos se imponen sobre el interés general. Resulta inaceptable que suceda algo así, por lo que es del todo necesario que quienes desempeñan labores públicas estén sometidos con total rigor al régimen legal de incompatibilidades y a la obligación de depositar en un registro público sus declaraciones de intereses y actividades de carácter privado.
B. PARTICIPACIÓN
La participación activa de los ciudadanos ha de convertirse en el eje de una nueva administración local y regional. Si la democracia electiva ha de extenderse a los órganos administrativos descentralizados a los que aún no alcanza (como las Juntas Vecinales o de Distrito) la participación directa de unos ciudadanos con acceso a la información ha de convertirse en el objetivo prioritario de la acción institucional. Las múltiples figuras prácticamente inéditas que recogen los reglamentos municipales de participación (la audiencia pública, la iniciativa popular, la consulta popular o referéndum, el derecho de intervención en los plenos y otros órganos municipales, el derecho de propuesta, los consejos de participación, etc.), así como las nuevas vías que abren los nuevos desarrollos tecnológicos, han de ser promovidas activamente y utilizadas de forma habitual como instrumentos de una verdadera política de extensión de la participación, ocupando un papel central en la vida institucional.
12. Revitalización de Consejos de Participación.
Estos órganos de participación en las políticas sectoriales regionales y locales deben revitalizarse y eliminar su burocratización para salir de su vida lánguida cuando no inactiva. El objetivo es su transformación en instrumentos de mejora de la participación ciudadana y la rendición de cuentas.
Esta revitalización pasa por revisar su composición y funciones a fin de darles mayor representatividad y protagonismo, convirtiéndolos en actores relevantes de la vida institucional.
13. Revisión y mejora Ley Electoral Regional.
La actual Ley electoral regional debe revisarse para la introducción de mejoras que aumenten el respeto del principio de proporcionalidad, permitiendo la mejora de la representación de la voluntad popular y la igualdad del valor del voto, lo que sin duda enriquecerá la vida pública de la Región.
14. Reutilización de información del sector público por las empresas.
La reutilización de la información del sector público consiste en el uso por parte de personas físicas o jurídicas, de información generada por organismos del sector público, con fines comerciales o no comerciales. El sector público produce una gran variedad de información, que es potencialmente reutilizable por los ciudadanos, por la iniciativa social, por las ONG y por la industria de contenidos digitales (como por ejemplo, información social, económica, geográfica, estadística, meteorológica o turística y sobre empresas y educación) y por otros sectores. Aunque existe una directiva europea sobre ello, legislación estatal y alguna actuación significativa (el Programa APORTA, dentro del Plan Avanza 2) en la Región de Murcia esta reutilización está muy poco desarrollada.
Las administraciones regional y local han de impulsar esta línea de trabajo que mejora la transparencia y tiene un considerable potencial económico que deben desarrollar a través de decisiones estratégicas, organizativas y operativas, y de actuaciones de formación para crear una verdadera cultura de la reutilización. Para tal fin es fundamental la creación de un Portal Open Data de la Comunidad Autónoma, donde se incorporen a su vez los datos de las administraciones locales.
15. Presupuestos participativos
Los Presupuestos Participativos están demostrando en las Administraciones públicas que lo aplican que son un proceso social y políticamente muy dinámico, revitalizador de la democracia y compatible con las técnicas presupuestarias de la contabilidad pública. Es una forma de compartir decisiones de inversión o gasto en las haciendas locales con criterios de equidad e integración social, impulsando la eficiencia en la gestión, la transparencia y la rendición de cuentas al ciudadano.
Impulsar la participación ciudadana en la elección de prioridades, es un método eficaz para gestionar el gasto público especialmente en momentos de escasez por la crisis. Su implantación es respuesta de la voluntad política, iniciando el proyecto de participación con un porcentaje de las inversiones o gastos para que los ciudadanos los prioricen, asumiendo sus decisiones en los presupuestos generales municipales. Todo ello con el apoyo de una “oficina presupuestaria independiente”, que sirva de vehículo de información, control, transparencia y rendición de cuentas, para dar consistencia a su funcionamiento.
16. Participación social en los medios públicos de comunicación.
El acceso de los grupos sociales y políticos a los medios de comunicación de titularidad pública es un derecho constitucional (art. 20.3), recogido en diversas leyes y regulaciones para el ámbito estatal. Este derecho debe ser desarrollado en la Región de Murcia para que los diferentes grupos sociales -además de los políticos- puedan acceder a los medios públicos regionales de manera que se garantice la participación y la visibilidad de la sociedad civil organizada en el conjunto de su programación con criterios de pluralismo social.
C. COLABORACIÓN
La colaboración – con los ciudadanos, con sus asociaciones, con las empresas, con los empleados públicos y los responsables políticos, entre distintos departamentos en una administración, y con otras administraciones- es uno de los pilares del cambio cultural que llega. Hablamos de unas nuevas relaciones de poder basadas en la corresponsabilidad, de nuevos métodos de trabajo colaborativo que permita abordar, como consecuencia de la participación, los retos que los gobiernos no pueden abordar solos, mejorando los resultados de las políticas públicas a través del conocimiento y experiencia de los ciudadanos. Esto requiere nuevas herramientas, métodos y sistemas innovadores – internos y externos-en los que las nuevas tecnologías han de jugar un papel decisivo, y una nueva formación de todos los agentes intervinientes.
17. Puesta en marcha de sistemas ágiles de encuestas y/o de recogida de información y opiniones de los ciudadanos.
Con la misión de mejorar los servicios públicos, incorporar propuestas a la gestión de gobierno, aprovechar, en su medida adecuada, los recursos que los ciudadanos divulgan a través de Internet en beneficio de los servicios comunitarios, conocer su opinión para prevenir incidentes o solucionar posibles problemas futuros, o reaprovechar recursos multimedia generados por los usuarios y por los empleados públicos para ofrecer nuevos servicios.
D. EVALUACIÓN
18. Obligatoriedad de evaluación de las políticas y los planes públicos
Una administración eficaz y eficiente no puede permitirse eludir la evaluación de sus planes y de sus políticas. No es una posibilidad: es una obligación del Buen Gobierno, que debe constituirse en la norma exigida a todas las administraciones de la región.
Cada administración deberá contar con un Plan de Evaluación, donde recogerá los compromisos temporalizados de evaluación de sus actuaciones. Esto requiere necesariamente el establecimiento de indicadores de evaluación sobre la base de información públicamente accesible, sistematizada y generada de forma regular.
La administración regional complementará las evaluaciones convenidas con la Agencia Estatal de Evaluación –que tendrán la máxima prioridad- con otras realizadas con medios regionales. Estas evaluaciones serán públicas y estarán recogidas en un Registro de Evaluación de las Políticas públicas y la Calidad de los Servicios Públicos (como existe, por ejemplo, en Navarra).
19. Realización de Memorias de Rendición de Cuentas en todos los Planes regionales
Como actuación complementaria de la anterior, la práctica de realización de memorias públicas sobre cada uno de los planes regionales de actuación en desarrollo o finalizados debe generalizarse sin excepciones. Su orientación ha de ser realizada en términos de valor público y de modificación de la realidad y su periodicidad ajustada a la duración del plan.
E. CONTROL EXTERNO
20. Creación de Oficinas presupuestarias en los ayuntamientos y en el Gobierno autonómico.
Estas Oficinas del Presupuesto controlarán la ejecución y las decisiones presupuestarias, expondrán en tiempo real su evolución y pondrán toda esta información a disposición de cualquier ciudadano. Esta Oficina del Presupuesto, estará dirigida por un profesional cualificado en la materia, funcionario, nombrado a propuesta de los grupos de la minoría, los que no gobiernan, y su nombramiento se realizará por el Consistorio en pleno/ Asamblea Regional. Se podrá rechazar la propuesta, hasta que se acepte el candidato. El nombramiento es por la duración del mandato, cuatro años y contará con los medios adecuados para cumplir sus funciones de control del presupuesto.
21. Auditorías ciudadanas.
La “gobernanza eficaz” precisa de la participación democrática, es decir, de una mayor implicación de los ciudadanos en la acción de dar cuentas de lo que se hace y de compartir las revisiones de los programas y objetivos presupuestarios y su incidencia en la vida de la sociedad local o regional. Esta acción de compartir información, de evaluar con auditorias ciudadanas, creará un diálogo ordenado que permitirá distinguir las acciones más socialmente responsables de aquéllas que no han cumplido los efectos deseados para la sostenibilidad. Con ello se evitará que “buenos políticos” tomen decisiones inadecuadas desde el punto de vista de la gobernanza ciudadana y de la ética.
22. Auditorías de desempeño.
Los organismos públicos de control externo (tribunales de cuentas) u órganos equivalentes deben extender su papel más allá de la mera fiscalización de la ejecución de los presupuestos para llevar a cabo una verdadera auditoría de desempeño. En este sentido, se trata de identificar la información relevante, para lo que se permite emplear técnicas como las encuestas o entrevistas a usuarios para obtener información de interés sobre las políticas y servicios; se analiza la transparencia del comportamiento gubernamental desde el punto de vista de la capacidad de los ciudadanos para acceder, entender y analizar los datos provistos por la administración; y se establecen los beneficios públicos relacionados con las actuaciones, identificando los obstáculos y mejoras que han de producirse.
JUEZAS Y JUECES AL SERVICIO DE LA CAUSA
El Barómetro de febrero de 2011 del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) que recoge la opinión de los españoles sobre diversos problemas políticos y sociales contiene algunos datos que creo que son bien significativos del estado de la administración de justicia en España.
Solo un ínfimo 0,4% de la población española considera que nuestra justicia funciona muy bien y un 18% que simplemente bien. Por el contrario, el 37,7% opina que funciona mal y el 11,3% que muy mal. Es decir que prácticamente la mitad de la población española piensa que la justicia, uno de los servicios cuyo buen funcionamiento es esencial para que pueda haber democracia real en un país, funciona mal o muy mal en España.
Podría considerarse que eso se debe a que dispone de medios escasos puesto que el 61,6% de los encuestados cree que los que tiene son más bien insuficientes.
Pero no. La razón de esa mala valoración de los españoles no se debe a que los jueces y magistrados tengan pocos medios.
La realidad es que, aunque seguro que no son los necesarios, lo cierto es que cada vez cuentan con más y mejores recursos materiales y humanos y, sin embargo, el 75,8% de los españoles tiene la impresión de que en los tres o cuatro últimos años la justicia funciona igual o peor que en tiempos anteriores.
Es teniendo en cuenta otras preguntas y respuestas que contiene el Barómetro como creo que se puede deducir claramente la naturaleza del mal que sufre la justicia española.
Así, resulta que según el CIS solo el 15,1% de los españoles cree que la justicia trata igual a ricos y a pobres mientras que un 77,4% está poco o nada de acuerdo con esa afirmación. Y el 59,7% de los españoles viene a pensar que los tribunales no protegen a los ciudadanos de los poderosos.
Se podría deducir, entonces, que lo que hace que la mayoría de los españoles tengan una opinión tan mala de los jueces se debe a que éstos, en lugar de proteger a la mayoría de la población más bien se dedica a cuidar preferentemente a los más ricos y poderosos. Y la mayoría social lo siente y, lógicamente, lo tiene en cuenta a la hora de valorar el trabajo de los jueces y juezas.
Tampoco se puede decir que los españoles tengan la imprescindible confianza que habría que tener en la honestidad en quienes imparten justicia pues solo un 37,8% afirma estar de acuerdo cuando se les pregunta si creen que los jueces y juezas suelen actuar en los pleitos con honradez y sin dejarse influir por ningún tipo de presión, mientras que más o menos el mismo porcentaje (37,5%) afirma que está poco o nada de acuerdo con esa idea. Y solo un 18,8% de los españoles cree que los casos de corrupción en el mundo de la justicia son tan excepcionales como para decir que allí no existe corrupción. El 59,5% de los españoles está poco o nada de acuerdo con eso, es decir, que más bien piensa que sí que hay corrupción en la administración de justicia.
Y como prueba de la inseguridad que todo ello proporciona, resulta que el 75,8% de los españoles esta muy o bastante de acuerdo con la idea de que hoy día el resultado de un pleito legal depende, en buena medida, del juez o jueza que a uno le toque. Es decir, que piensan que cada juez o jueza toca la flauta según le parece a la hora de administrar justicia.
Y resulta también muy significativo que se pueda deducir que esas opiniones tan negativas están vinculadas no con valores abstractos sino con la experiencia de los ciudadanos como demuestra el hecho de que el 39,5% de las personas que han tenido una experiencia con la justicia afirmen que después de haberla tenido su opinión sobre ella empeoró en lugar de mejorar, mientras que solo el 15,4% afirma estar muy o bastante de acuerdo con la idea de que mejoró.
Y no se crea que los ciudadanos tienen una opinión tan negativa de la justicia porque crean que los jueces y juezas están mal preparados. Todo lo contrario, solo el 12% afirma estar muy o bastante en desacuerdo con la idea de que, por lo general, los jueces y juezas están bien preparados y son competentes.
La conclusión parece entonces bastante evidente. Parece que la inmensa mayoría de los españoles cree que los jueces son competentes pero que en la administración de la justicia que llevan a cabo hay corrupción, y que la aplican preferentemente en favor de los poderosos y de un modo muy poco cuidadoso con sus derechos.
Y, se mire como se mire, no creo que sea una casualidad el que solo el 12% de los españoles crea que los jueces son más bien progresistas mientras que el 43,5% opina que, por el contrario, son más bien conservadores.
A la vista de todo ello no creo que nadie se pueda extrañar de que la mayoría de los españoles tengan, tengamos, una idea tan negativa de quienes administran justicia. ¿Cómo nos va a extrañar si es raro el día en que no tenemos noticia de una tropelía, o de una decisión judicial que muestre la querencia tan evidente de tantos jueces y juezas españoles hacia las personas más poderosas y derechistas?
En España, jueces de ideología muy significada están persiguiendo al juez que trató de descubrir una trama de financiación ilegal por haber llevado a cabo una actuación procesal que contaba con el informe positivo del fiscal, mientras que los verdaderos delincuentes a quien la propia justicia encubre se deben estar partiendo de la risa por las esquinas. Por no hablar, de los jueces que incluso asesoran a los extremistas de derecha que tienen más apoyo en los más altos tribunales para defender la dictadura y tratar de ocultar sus crímenes que los jueces que tratan de descubrirlos.
¿Cómo no tener esa opinión tan negativa de los jueces y juezas españolas cuando es tan evidente que cuando se trata de juzgar a los ricos y a los dirigentes de la derecha se pierden los papeles, se demoran los procesos y todo termina prescribiendo, mientras que si el que cae es alguien de izquierdas los jueces se dan una diligencia extrema para cerrar los casos jaleada por la derecha política?
¿Cómo se puede entender que sean siempre tan lentos con los mismos y que siempre se le terminen escapando de las manos las piezas de piezas de caza mayor que son de derechas o tienen dinero?
¿Cómo se puede pensar bien de una justicia que ha dejado ir de rositas a banqueros y grandes financieros cuando ha habido mucho más que pruebas de sus responsabilidades, o que calla cuando altos dignatarios hacen negocios de todo tipo de los que sabe todo el mundo menos los fiscales y magistrados?
¿Cómo no pensar mal de los jueces que primero hacen declaraciones manifestando sin pudor su ideología derechista y que luego son tan generosos a la hora de juzgar a quienes la comparten y tan severos con quienes piensan de otro modo, ¡esos rojos!?
¿Cómo no pensar mal de jueces y juezas que no se abstienen ni por iniciativa propia ni a petición de parte cuando sus propias esposas o maridos se hayan relacionados con los casos que han de juzgar, o cuando han sido los propios imputados quienes han declarado su amistad íntima con ellos?
¿Qué opinión se puede tener de unos jueces a quienes no se les cae colectivamente la cara de vergüenza cuando se anuncia una detrás de otra las prescripciones en procesos que afectan a la flor y la nata del capital y la política de derechas? ¿qué otro colectivo es capaz de permanecer incólume cuando dentro de él se descubren todo este tipo de cosas?
¿Y cómo tener buena opinión de una justicia en la que resulta tan evidente que muchos jueces proceden y sentencian con una cadencia y una sintonía tan contiguas a las que llevan los dirigentes del Partido Popular?
¿Cómo se puede confiar en la justicia que imparten magistrados que en los más altos tribunales están divididos en bandos de “conservadores” y “progresistas” y que no mueven su voto de las sentencias para alinearse siempre con los suyos pase lo que pase, porque para eso los puso el correspondiente partido?
¿Cómo se puede tener buena opinión de la justicia si no pasa nada cuando hay jueces que para sentenciar como desean no admiten las pruebas que solicitan para poder defenderse, como Baltasar Garzón, aquellos a quienes acusan; o que no reclaman testimonios decisivos para poder conocer la verdad de los casos, como ocurrió en el llamado caso Los Merinos, en Málaga, o que sentencian cada vez con un criterio según quién sea la persona a quien están juzgando?
¿Cómo pueden apreciar los ciudadanos a una administración cuando se enteran por los medios o por propia experiencia que se permite que los jueces o juezas hagan juicios de valor temerarios dentro y fuera de sus propias sentencias, que llevan a cabo auténticas causas generales contra gobiernos contrarios a su ideología y sean tan condescendientes contra otros con los que es evidente que simpatizan?
¿Cómo va a ser buena la opinión de una sociedad moderna sobre una administración de justicia en donde prácticamente no pasa nada cuando hay jueces que dictan sentencia en nombre de Dios, cuando cada año se producen docenas de sentencias machistas o simplemente dislocadas como la que, refiriéndose a la violada libertad sexual de una mujer, señalaba que “es necesario apreciar una menor gravedad en las consecuencias del delito sobre la víctima, por el hecho de tratarse de su marido y no de un desconocido”? ¿Y qué valor darle a una administración en donde hay jueces como Francisco Javier Paulí que sentenciaba que el aspecto físico de una mujer que había sido víctima de malos tratos, su forma de vestir, sus anillos, pulseras y pendientes demostraban en ella una conducta “que no coincide con la de una mujer que ha pasado meses de agresiones”; o a Ferrín Calamita que equipara la relación homosexual con la de un pederasta, o al titular de un juzgado de la localidad de Manresa que dejó en libertad sin fianza a un hombre acusado de degollar a su esposa, entre otros motivos, porque “delitos pasionales como el que nos ocupa se suelen producir una vez en la vida, al igual que sucede con los delitos de los funcionarios”?
¿Qué otra opinión se merece una justicia que no encarcela a un hombre que mata a su mujer “en casa de sus suegros, y en presencia de ellos, de su esposa y de su hija de cinco años, (…) sin atender a razones y requerimientos de que dejase la Nochebuena en paz”, y que casualmente era un colega de los magistrados que lo juzgaron?
¿Qué podemos esperar los ciudadanos de la justicia cuando el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo del Poder Judicial, Carlos Dívar, es capaz de afirmar que es “libertinaje” “dudar de la honestidad y el trabajo del órgano de gobierno del Poder Judicial”, como si sus miembros fueran dioses, querubines, divinidades o majestades arcangélicas ajenas a cualquier mal, cuando en realidad son los que está dejando pasar la corrupción judicial que tan nítidamente perciben los españoles?
¿Cómo respetarlo cuando los ciudadanos pueden leer en los medios de comunicación que ese Consejo se permite considerar que una juez como Laura Alabau que se niega a cumplir la ley y lo predica insultando a órganos gubernamentales simplemente está haciendo uso de su libertad de expresión?
¿Cómo confiar en la ecuanimidad de los jueces españoles cuando se ha sabido que “El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Francisco Hernando, ordenó a los servicios técnicos del órgano de gobierno de los jueces retrasar la publicación en el Boletín Oficial del Estado de dos de los cuatro nombramientos de la Sala de lo Civil del alto tribunal aprobados el 20 de abril de 2005, según el secretario general del Consejo, Celso Rodríguez Padrón, una maniobra con que “se alteró la composición de la Sala Especial que ilegalizó a Batasuna y que actualmente liquida su patrimonio (Sala del 61), dando entrada en ella al conservador Antonio Salas, en lugar de a Encarnación Roca, de sensibilidad catalanista y progresista”.
¿Cómo confiar en ese órgano en donde hay o ha habido jueces como Antonio Montserrat Quintana que decidió no imputar a Jaume Matas, por entonces presidente del Govern de las islas, por el caso Formentera, el supuesto pucherazo con inmigrantes argentinos realizado por el PP en las elecciones autonómicas de 1999; o en Concepción Espejel, presidenta de la Audiencia de Guadalajara, responsable de no aceptar el informe pericial en el que se descartaban las negligencias en el incendio que causó la muerte de once miembros de un retén para poder llevar al banquillo a técnicos y cargos políticos de la Junta de Castilla la Mancha? ¿Cómo confiar en ese tipo de jueces o en el Consejo cuando es público y notorio que las irregularidades y faltas de sus colegas terminan con multas simbólicas, si es que son castigadas?
¿Y cómo valorar bien a la justicia cuando se ha podido conocer el papel de algunos jueces en Marbella en la época de Jesús Gil, cuando era habitual ver por sus aledaños a magistrados de los tribunales más altos de la nación a costa de aquel alcalde corrupto?
No es exagerado ni mucho menos afirmar que una buena parte de la judicatura española está al servicio de la causa, pero de la causa de la derecha política y más concretamente del Partido Popular con quien comparte principios y en muchos casos incluso estrategias políticas concretas y es fácil suponer que, dada esa sintonía evidente, incluso directrices políticas. Uno de esos jueces, José Luis Requero, lo llegó manifestarlo claramente en una entrevista cuando se le preguntó si la asociación de jueces de derechas a la que pertenece era la cantera ideológica judicial del PP: “Somos el referente judicial del PP.
En este contexto no cabe extrañar la estocada judicial que acaba de darle una jueza de Sevilla al candidato de Izquierda Unida al Ayuntamiento, imputándolo casualmente el día en que su colación sacaba a la luz un documento por el que se comprometía a no presentar a personas imputadas, como ahora estará al parecer Antonio Torrijos, a las próximas elecciones municipales.
No conozco los pormenores del caso pero con todo lo que vengo señalando francamente ya no me extraña que se impute solo a un concejal por una decisión que respondía a una propuesta de su grupo político tratando de evitar la especulación inmobiliaria y que fue tomada unánimemente por todos los grupos políticos del consistorio. Ni que lo haga, porque en su día rechazara renunciar a juzgar el caso, una jueza que es la esposa de un auditor que anteriormente fue despedido de la empresa en la que se tomó la decisión que lleva a la imputación.
No sé si Antonio Torrijos renunciará finalmente a presentarse para no poner en entredicho la coherencia y sinceridad de su grupo político a la hora de asumir compromisos ante el resto de las candidaturas. Pero el mal está hecho en cualquier caso, como en el del parlamentario valenciano Ángel Luna que termina sentado en el banquillo por enseñar un informe policial donde se demuestra el cobro de comisiones mientras que los que se aprovecharon de ello se sientan en los escaños del parlamento. Así se cierra, ya demasiadas veces, el círculo de la justicia que administra la derecha judicial, haciendo el servicio político a la derecha política, porque ambas parece que sienten como irrenunciable la idea de que España y los españoles somos de su exclusiva propiedad.
(*) Juan Torres López es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla.
Solo un ínfimo 0,4% de la población española considera que nuestra justicia funciona muy bien y un 18% que simplemente bien. Por el contrario, el 37,7% opina que funciona mal y el 11,3% que muy mal. Es decir que prácticamente la mitad de la población española piensa que la justicia, uno de los servicios cuyo buen funcionamiento es esencial para que pueda haber democracia real en un país, funciona mal o muy mal en España.
Podría considerarse que eso se debe a que dispone de medios escasos puesto que el 61,6% de los encuestados cree que los que tiene son más bien insuficientes.
Pero no. La razón de esa mala valoración de los españoles no se debe a que los jueces y magistrados tengan pocos medios.
La realidad es que, aunque seguro que no son los necesarios, lo cierto es que cada vez cuentan con más y mejores recursos materiales y humanos y, sin embargo, el 75,8% de los españoles tiene la impresión de que en los tres o cuatro últimos años la justicia funciona igual o peor que en tiempos anteriores.
Es teniendo en cuenta otras preguntas y respuestas que contiene el Barómetro como creo que se puede deducir claramente la naturaleza del mal que sufre la justicia española.
Así, resulta que según el CIS solo el 15,1% de los españoles cree que la justicia trata igual a ricos y a pobres mientras que un 77,4% está poco o nada de acuerdo con esa afirmación. Y el 59,7% de los españoles viene a pensar que los tribunales no protegen a los ciudadanos de los poderosos.
Se podría deducir, entonces, que lo que hace que la mayoría de los españoles tengan una opinión tan mala de los jueces se debe a que éstos, en lugar de proteger a la mayoría de la población más bien se dedica a cuidar preferentemente a los más ricos y poderosos. Y la mayoría social lo siente y, lógicamente, lo tiene en cuenta a la hora de valorar el trabajo de los jueces y juezas.
Tampoco se puede decir que los españoles tengan la imprescindible confianza que habría que tener en la honestidad en quienes imparten justicia pues solo un 37,8% afirma estar de acuerdo cuando se les pregunta si creen que los jueces y juezas suelen actuar en los pleitos con honradez y sin dejarse influir por ningún tipo de presión, mientras que más o menos el mismo porcentaje (37,5%) afirma que está poco o nada de acuerdo con esa idea. Y solo un 18,8% de los españoles cree que los casos de corrupción en el mundo de la justicia son tan excepcionales como para decir que allí no existe corrupción. El 59,5% de los españoles está poco o nada de acuerdo con eso, es decir, que más bien piensa que sí que hay corrupción en la administración de justicia.
Y como prueba de la inseguridad que todo ello proporciona, resulta que el 75,8% de los españoles esta muy o bastante de acuerdo con la idea de que hoy día el resultado de un pleito legal depende, en buena medida, del juez o jueza que a uno le toque. Es decir, que piensan que cada juez o jueza toca la flauta según le parece a la hora de administrar justicia.
Y resulta también muy significativo que se pueda deducir que esas opiniones tan negativas están vinculadas no con valores abstractos sino con la experiencia de los ciudadanos como demuestra el hecho de que el 39,5% de las personas que han tenido una experiencia con la justicia afirmen que después de haberla tenido su opinión sobre ella empeoró en lugar de mejorar, mientras que solo el 15,4% afirma estar muy o bastante de acuerdo con la idea de que mejoró.
Y no se crea que los ciudadanos tienen una opinión tan negativa de la justicia porque crean que los jueces y juezas están mal preparados. Todo lo contrario, solo el 12% afirma estar muy o bastante en desacuerdo con la idea de que, por lo general, los jueces y juezas están bien preparados y son competentes.
La conclusión parece entonces bastante evidente. Parece que la inmensa mayoría de los españoles cree que los jueces son competentes pero que en la administración de la justicia que llevan a cabo hay corrupción, y que la aplican preferentemente en favor de los poderosos y de un modo muy poco cuidadoso con sus derechos.
Y, se mire como se mire, no creo que sea una casualidad el que solo el 12% de los españoles crea que los jueces son más bien progresistas mientras que el 43,5% opina que, por el contrario, son más bien conservadores.
A la vista de todo ello no creo que nadie se pueda extrañar de que la mayoría de los españoles tengan, tengamos, una idea tan negativa de quienes administran justicia. ¿Cómo nos va a extrañar si es raro el día en que no tenemos noticia de una tropelía, o de una decisión judicial que muestre la querencia tan evidente de tantos jueces y juezas españoles hacia las personas más poderosas y derechistas?
En España, jueces de ideología muy significada están persiguiendo al juez que trató de descubrir una trama de financiación ilegal por haber llevado a cabo una actuación procesal que contaba con el informe positivo del fiscal, mientras que los verdaderos delincuentes a quien la propia justicia encubre se deben estar partiendo de la risa por las esquinas. Por no hablar, de los jueces que incluso asesoran a los extremistas de derecha que tienen más apoyo en los más altos tribunales para defender la dictadura y tratar de ocultar sus crímenes que los jueces que tratan de descubrirlos.
¿Cómo no tener esa opinión tan negativa de los jueces y juezas españolas cuando es tan evidente que cuando se trata de juzgar a los ricos y a los dirigentes de la derecha se pierden los papeles, se demoran los procesos y todo termina prescribiendo, mientras que si el que cae es alguien de izquierdas los jueces se dan una diligencia extrema para cerrar los casos jaleada por la derecha política?
¿Cómo se puede entender que sean siempre tan lentos con los mismos y que siempre se le terminen escapando de las manos las piezas de piezas de caza mayor que son de derechas o tienen dinero?
¿Cómo se puede pensar bien de una justicia que ha dejado ir de rositas a banqueros y grandes financieros cuando ha habido mucho más que pruebas de sus responsabilidades, o que calla cuando altos dignatarios hacen negocios de todo tipo de los que sabe todo el mundo menos los fiscales y magistrados?
¿Cómo no pensar mal de los jueces que primero hacen declaraciones manifestando sin pudor su ideología derechista y que luego son tan generosos a la hora de juzgar a quienes la comparten y tan severos con quienes piensan de otro modo, ¡esos rojos!?
¿Cómo no pensar mal de jueces y juezas que no se abstienen ni por iniciativa propia ni a petición de parte cuando sus propias esposas o maridos se hayan relacionados con los casos que han de juzgar, o cuando han sido los propios imputados quienes han declarado su amistad íntima con ellos?
¿Qué opinión se puede tener de unos jueces a quienes no se les cae colectivamente la cara de vergüenza cuando se anuncia una detrás de otra las prescripciones en procesos que afectan a la flor y la nata del capital y la política de derechas? ¿qué otro colectivo es capaz de permanecer incólume cuando dentro de él se descubren todo este tipo de cosas?
¿Y cómo tener buena opinión de una justicia en la que resulta tan evidente que muchos jueces proceden y sentencian con una cadencia y una sintonía tan contiguas a las que llevan los dirigentes del Partido Popular?
¿Cómo se puede confiar en la justicia que imparten magistrados que en los más altos tribunales están divididos en bandos de “conservadores” y “progresistas” y que no mueven su voto de las sentencias para alinearse siempre con los suyos pase lo que pase, porque para eso los puso el correspondiente partido?
¿Cómo se puede tener buena opinión de la justicia si no pasa nada cuando hay jueces que para sentenciar como desean no admiten las pruebas que solicitan para poder defenderse, como Baltasar Garzón, aquellos a quienes acusan; o que no reclaman testimonios decisivos para poder conocer la verdad de los casos, como ocurrió en el llamado caso Los Merinos, en Málaga, o que sentencian cada vez con un criterio según quién sea la persona a quien están juzgando?
¿Cómo pueden apreciar los ciudadanos a una administración cuando se enteran por los medios o por propia experiencia que se permite que los jueces o juezas hagan juicios de valor temerarios dentro y fuera de sus propias sentencias, que llevan a cabo auténticas causas generales contra gobiernos contrarios a su ideología y sean tan condescendientes contra otros con los que es evidente que simpatizan?
¿Cómo va a ser buena la opinión de una sociedad moderna sobre una administración de justicia en donde prácticamente no pasa nada cuando hay jueces que dictan sentencia en nombre de Dios, cuando cada año se producen docenas de sentencias machistas o simplemente dislocadas como la que, refiriéndose a la violada libertad sexual de una mujer, señalaba que “es necesario apreciar una menor gravedad en las consecuencias del delito sobre la víctima, por el hecho de tratarse de su marido y no de un desconocido”? ¿Y qué valor darle a una administración en donde hay jueces como Francisco Javier Paulí que sentenciaba que el aspecto físico de una mujer que había sido víctima de malos tratos, su forma de vestir, sus anillos, pulseras y pendientes demostraban en ella una conducta “que no coincide con la de una mujer que ha pasado meses de agresiones”; o a Ferrín Calamita que equipara la relación homosexual con la de un pederasta, o al titular de un juzgado de la localidad de Manresa que dejó en libertad sin fianza a un hombre acusado de degollar a su esposa, entre otros motivos, porque “delitos pasionales como el que nos ocupa se suelen producir una vez en la vida, al igual que sucede con los delitos de los funcionarios”?
¿Qué otra opinión se merece una justicia que no encarcela a un hombre que mata a su mujer “en casa de sus suegros, y en presencia de ellos, de su esposa y de su hija de cinco años, (…) sin atender a razones y requerimientos de que dejase la Nochebuena en paz”, y que casualmente era un colega de los magistrados que lo juzgaron?
¿Qué podemos esperar los ciudadanos de la justicia cuando el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo del Poder Judicial, Carlos Dívar, es capaz de afirmar que es “libertinaje” “dudar de la honestidad y el trabajo del órgano de gobierno del Poder Judicial”, como si sus miembros fueran dioses, querubines, divinidades o majestades arcangélicas ajenas a cualquier mal, cuando en realidad son los que está dejando pasar la corrupción judicial que tan nítidamente perciben los españoles?
¿Cómo respetarlo cuando los ciudadanos pueden leer en los medios de comunicación que ese Consejo se permite considerar que una juez como Laura Alabau que se niega a cumplir la ley y lo predica insultando a órganos gubernamentales simplemente está haciendo uso de su libertad de expresión?
¿Cómo confiar en la ecuanimidad de los jueces españoles cuando se ha sabido que “El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Francisco Hernando, ordenó a los servicios técnicos del órgano de gobierno de los jueces retrasar la publicación en el Boletín Oficial del Estado de dos de los cuatro nombramientos de la Sala de lo Civil del alto tribunal aprobados el 20 de abril de 2005, según el secretario general del Consejo, Celso Rodríguez Padrón, una maniobra con que “se alteró la composición de la Sala Especial que ilegalizó a Batasuna y que actualmente liquida su patrimonio (Sala del 61), dando entrada en ella al conservador Antonio Salas, en lugar de a Encarnación Roca, de sensibilidad catalanista y progresista”.
¿Cómo confiar en ese órgano en donde hay o ha habido jueces como Antonio Montserrat Quintana que decidió no imputar a Jaume Matas, por entonces presidente del Govern de las islas, por el caso Formentera, el supuesto pucherazo con inmigrantes argentinos realizado por el PP en las elecciones autonómicas de 1999; o en Concepción Espejel, presidenta de la Audiencia de Guadalajara, responsable de no aceptar el informe pericial en el que se descartaban las negligencias en el incendio que causó la muerte de once miembros de un retén para poder llevar al banquillo a técnicos y cargos políticos de la Junta de Castilla la Mancha? ¿Cómo confiar en ese tipo de jueces o en el Consejo cuando es público y notorio que las irregularidades y faltas de sus colegas terminan con multas simbólicas, si es que son castigadas?
¿Y cómo valorar bien a la justicia cuando se ha podido conocer el papel de algunos jueces en Marbella en la época de Jesús Gil, cuando era habitual ver por sus aledaños a magistrados de los tribunales más altos de la nación a costa de aquel alcalde corrupto?
No es exagerado ni mucho menos afirmar que una buena parte de la judicatura española está al servicio de la causa, pero de la causa de la derecha política y más concretamente del Partido Popular con quien comparte principios y en muchos casos incluso estrategias políticas concretas y es fácil suponer que, dada esa sintonía evidente, incluso directrices políticas. Uno de esos jueces, José Luis Requero, lo llegó manifestarlo claramente en una entrevista cuando se le preguntó si la asociación de jueces de derechas a la que pertenece era la cantera ideológica judicial del PP: “Somos el referente judicial del PP.
En este contexto no cabe extrañar la estocada judicial que acaba de darle una jueza de Sevilla al candidato de Izquierda Unida al Ayuntamiento, imputándolo casualmente el día en que su colación sacaba a la luz un documento por el que se comprometía a no presentar a personas imputadas, como ahora estará al parecer Antonio Torrijos, a las próximas elecciones municipales.
No conozco los pormenores del caso pero con todo lo que vengo señalando francamente ya no me extraña que se impute solo a un concejal por una decisión que respondía a una propuesta de su grupo político tratando de evitar la especulación inmobiliaria y que fue tomada unánimemente por todos los grupos políticos del consistorio. Ni que lo haga, porque en su día rechazara renunciar a juzgar el caso, una jueza que es la esposa de un auditor que anteriormente fue despedido de la empresa en la que se tomó la decisión que lleva a la imputación.
No sé si Antonio Torrijos renunciará finalmente a presentarse para no poner en entredicho la coherencia y sinceridad de su grupo político a la hora de asumir compromisos ante el resto de las candidaturas. Pero el mal está hecho en cualquier caso, como en el del parlamentario valenciano Ángel Luna que termina sentado en el banquillo por enseñar un informe policial donde se demuestra el cobro de comisiones mientras que los que se aprovecharon de ello se sientan en los escaños del parlamento. Así se cierra, ya demasiadas veces, el círculo de la justicia que administra la derecha judicial, haciendo el servicio político a la derecha política, porque ambas parece que sienten como irrenunciable la idea de que España y los españoles somos de su exclusiva propiedad.
(*) Juan Torres López es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla.
PROPUESTA DEL FORO CIUDADANO AL EQUIPO DE GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO PARA EL FOMENTO DE LA TRANSPARENCIA Y LA INFORMACIÓN A LA CIUDADANÍA
Ante la proximidad de las elecciones municipales y autonómicas del presente año 2011, esta organización ciudadana considera importante realizar una evaluación-informe del periodo legislativo anterior. Dicha evaluación debería comprender:
• Un informe del proceso a lo largo de estos cuatro años: logros, dificultades, expectativas que se plantearon y que seguirán pendientes. Es decir objetivos planteados al comienzo, conseguidos, superados y no realizados.
• Un informe de la situación económica de manera comprensible para la ciudadanía, en donde queden claros los ingresos, los gastos y el déficit global y por habitante.
• Situación del urbanismo en Calasparra, y todo lo concerniente al mismo
• Variaciones de patrimonio, con incrementos y disminuciones.
• Órganos y estructuras de participación creados para favorecer la implicación ciudadana en la toma de decisiones.
Tal informe debería hacerse extensivo a los últimos doce años, dado que las variaciones en el equipo de gobierno han sido mínimas y que la persona responsable, es decir el alcalde, ha permanecido en ese periodo.
Ambas cosas deberían llevarse a cabo con un modelo objetivo y no triunfalista, al objeto de fomentar la reflexión ciudadana y el compromiso ante las posibles dificultades con que nos pudiésemos encontrar en el pueblo, tal como está ocurriendo en otros.
Formulamos esta petición-sugerencia por varias razones:
• Existen comentarios diversos por parte de grupos y personas del pueblo que generan una diversidad de comentarios confusos, los cuales estimamos deben ser aclarados y no dejar lugar para las interpretaciones incorrectas. Todo ello al margen de que respetemos las opiniones diferentes, siempre que estén basadas en informaciones claras y fidedignas.
• Creemos que los nuevos tiempos hacen necesario superar a la propia legislación, puesto que la misma no nos pone techo a la hora de la transparencia informativa. Es un buen momento para no sólo imaginar, sino aplicar nuevos modelos de comunicación hacia el pueblo que elige a sus representantes.
• Tenemos una herramienta informativa que es el pequeño periódico local al que hay que potenciar como medio de educación política y ciudadana, aspectos ambos que son básicos si queremos formar una sociedad nueva, en la que seamos todos y todas corresponsables.
• En nuestro último INFORME 2010. EL OTRO ESTADO DE LA REGIÓN, se dictaminaba un déficit democrático y de baja participación, surgiendo por ello nuestro compromiso de actuar en la línea de la mejora de ese aspecto, cada cual en el medio que se integra.
• Consideramos que, al igual que otros organismos, las instituciones locales deben rendir cuentas a sus ciudadanos y ciudadanas, una vez al año, pero si ello no fuera posible por razones de disponibilidad de recursos, debería contemplarse al finalizar cada legislatura.
Desde nuestra perspectiva de gente que desea propiciar una profundización en una democracia más real, proponemos esta idea que confiamos sea bien recibida y, si es posible se lleve a la práctica, con lo que todos saldremos ganando.
Atentamente.
FORO CIUDADANO DE CALASPARRA.- Adscrito al Foro Ciudadano de la Región de Murcia.
PROPUESTA DE MESA REDONDA
Les hemos enviado a los tres partidos políticos la propuesta de hacer una mesa reedonda que sería moderada por la persona que ellos acordaran. Creemos que es bueno comparar las posturas a la hora de informar a la ciudadanía de sus propuestas. Con ello podemos aclarar a la gente y, al mismo tiempo nos guía la idea de fomentar la participación. Algunos ya han respondido pero otros quedasn pendientes de consultar a sus asambleas o comités.
LOS POLÍTICOS SE COMPROMETEN
También se nos facilitó el documento que firmaron los tres partidos políticos que, en Calasparra, se presentan a las elecciones municipales.
COMPROMISO ELECTORAL DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS DE CALASPARRA, EN RELACIÓN CON EL USO DEL TEMA DEL AGUA Y EL PROYECTO DE ENTUBAMIENTO DE CAUDALES DEL RÍO SEGURA EN LA CAMPAÑA ELECTORAL MUNICIPAL
La Directiva Marco del Agua, en adelante DMA, ha incorporado nuevos elementos al debate y estudio del recurso más preciado y al mismo tiempo más frágil de la Naturaleza. Y es tan preciado porque nos es imprescindible para la vida, siendo también un elemento económico y cultural, en cuya conservación y cuidado es necesario implicar a toda la sociedad.
En nuestro pueblo sabemos bastante de lo que suponen sus ríos, sus manantiales, sus acuíferos, todo lo que, en gran parte constituye la cuenca del Segura. Nuestra historia sería distinta sin ellos. Por eso nadie puede decir que no está de acuerdo en la defensa de su conservación y de todo el medio natural que esa cuenca comporta.
Con esa idea constituimos esta Plataforma en donde cabemos todos y todas, tanto de manera colectiva como individualmente. Y también por eso creemos que este tema no debe ser objeto de confrontaciones partidistas, puesto que lo que debemos pretender es sumar y aunar esfuerzos, nunca dividir ni restar.
Esta idea es también la que inspira uno de los principios de esa DMA, expresada en este párrafo: Los Estados miembros fomentarán la participación activa de todas las partes interesadas por la aplicación de esta Directiva, en particular en lo que se refiere a los planes de gestión de las demarcaciones hidrográficas
Entendiéndose que hoy día se consideran partes interesadas diversidad de sectores sociales y sensibilidades.
Por todo ello, los partidos políticos abajo firmantes, componentes también de esta Plataforma, nos queremos comprometer a no utilizar este tema en nuestra campaña electoral de manera sesgada, y si en algún momento surgiera, hacerlo en la forma que expresamos arriba, de manera que la ciudadanía no perciba confrontación alguna, sino un estímulo que favorezca el encuentro y la participación de todos y todas en la mejora y conservación de toda nuestra cuenca, de manera solidaria y justa.
Lo que firmamos en la Asamblea de esta Plataforma, en Calasparra a 12 de abril del año 2011 .
¡UN FUERTE APLAUSO PARA LOS TRES!
COMPROMISO ELECTORAL DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS DE CALASPARRA, EN RELACIÓN CON EL USO DEL TEMA DEL AGUA Y EL PROYECTO DE ENTUBAMIENTO DE CAUDALES DEL RÍO SEGURA EN LA CAMPAÑA ELECTORAL MUNICIPAL
La Directiva Marco del Agua, en adelante DMA, ha incorporado nuevos elementos al debate y estudio del recurso más preciado y al mismo tiempo más frágil de la Naturaleza. Y es tan preciado porque nos es imprescindible para la vida, siendo también un elemento económico y cultural, en cuya conservación y cuidado es necesario implicar a toda la sociedad.
En nuestro pueblo sabemos bastante de lo que suponen sus ríos, sus manantiales, sus acuíferos, todo lo que, en gran parte constituye la cuenca del Segura. Nuestra historia sería distinta sin ellos. Por eso nadie puede decir que no está de acuerdo en la defensa de su conservación y de todo el medio natural que esa cuenca comporta.
Con esa idea constituimos esta Plataforma en donde cabemos todos y todas, tanto de manera colectiva como individualmente. Y también por eso creemos que este tema no debe ser objeto de confrontaciones partidistas, puesto que lo que debemos pretender es sumar y aunar esfuerzos, nunca dividir ni restar.
Esta idea es también la que inspira uno de los principios de esa DMA, expresada en este párrafo: Los Estados miembros fomentarán la participación activa de todas las partes interesadas por la aplicación de esta Directiva, en particular en lo que se refiere a los planes de gestión de las demarcaciones hidrográficas
Entendiéndose que hoy día se consideran partes interesadas diversidad de sectores sociales y sensibilidades.
Por todo ello, los partidos políticos abajo firmantes, componentes también de esta Plataforma, nos queremos comprometer a no utilizar este tema en nuestra campaña electoral de manera sesgada, y si en algún momento surgiera, hacerlo en la forma que expresamos arriba, de manera que la ciudadanía no perciba confrontación alguna, sino un estímulo que favorezca el encuentro y la participación de todos y todas en la mejora y conservación de toda nuestra cuenca, de manera solidaria y justa.
Lo que firmamos en la Asamblea de esta Plataforma, en Calasparra a 12 de abril del año 2011 .
¡UN FUERTE APLAUSO PARA LOS TRES!
INFORME QUE PRESENTA EL EQUIPO DE PORTAVOCES DE LA PLATAFORMA POR LA DEFENSA DEL RIO SEGURA, ANTE LOS MIEMBROS DE LA MISMA REUNIDOS EN LA CASA DE CULT
El equipo de Portavoces, al que pertenecemos, nos ha facilitado a todas las personas
que lo han solicitado, el informe que presentaron.
1.- QUE HA OCURRIDO DESDE LA ÚTIMA REUNIÓN
El proyecto de entubamiento se ha paralizado, aunque en ningún momento se hable de su derogación.
Estuvimos en una reunión en el Ayuntamiento de Cieza y esa fue una de las conclusiones que se sacaron. Quedamos que seguiríamos haciendo gestiones para obtener información y también se dijo que, llegado el caso, tendríamos que promover manifestaciones u otra variedad de acciones que no se concretaron.
El tema del oleoducto sigue preocupando y tenemos informaciones incluso gráficas de que siguen adelante, a la espera de que baje el nivel del agua y se puedan colocar los tubos.
También hemos tenido informaciones bastante fiables de que el sistema de tubos que están utilizando es bastante inseguro, por falta de flexibilidad. Hay diferencias en el sistema utilizado para el gasoducto. Seguimos pensando que estamos corriendo un riesgo demasiado alto y además estimamos que no existe información adecuada de un asunto que nos puede afectar de manera muy grave a nosotros y no digamos al resto de la cuenca. El ejemplo de Japón nos ha hecho alertar de que las medidas de seguridad todas son pocas y de que los movimientos de la tierra no son asunto a olvidar.
A través de EeA nos ha llegado una información de gran interés sobre la situación del Plan de cuenca que está muy atrasado. En ese Plan estarían recogidos los caudales que se estiman para distintas épocas y zonas. Asunto este de gran interés a la hora del tema de entubamientos. Nos interesa adentrarnos y participar en todo lo relativo a ese plan.
Tenemos en nuestro poder el ETI (esquema de temas importantes), documento previo al Plan de Cuenca, así como las interesantísimas y científicas alegaciones que se presentaron desde Ecologistas en Acción (en adelante EaA)
También hemos seguido observando lo que decía la prensa y tenemos la impresión de que en la CHS siguen con el interés por el proyecto, sin que se haya hecho nada respecto al compromiso de promover encuentros para analizar la oposición y posibles propuestas alternativas. Al menos nosotros no sabemos nada de que se haya constituido ningún grupo al respecto.
Realmente creemos que en la CHS solo existe constancia de que hay una plataforma, la de la zona de los pueblos que nació al principio. Tal vez sería importante comunicarles que nosotros, los de Calasparra, estamos en esa Plataforma, pero que tenemos un funcionamiento autónomo y solicitamos nuestra comparecencia tanto en el Plan de Cuenca, como en el posible grupo que se forme para revisar el proyecto.
También creemos que hay un problema con la financiación europea, pero todo son referencias que no podemos justificar documentalmente
Viendo que esto no se aparca definitivamente, decidimos vernos de nuevo y retomar el funcionamiento de esta Plataforma que, en definitiva somos todos los presentes. No obstante estimamos que se debe fomentar la participación a título individual, por si alguna persona no está en ningún grupo de los que se adhirieron.
2.-ACUERDOS DE LA ÚLTIMA REUNIÓN DE PORTAVOCES
2.1. Elaborar un pequeño documento para que fuese firmado por los partidos que se presentan a las elecciones y que ahora después pasaremos a dar lectura y a informar de su firma.
2.2. Ver la manera de obtener un informe técnico fiable y objetivo sobre las condiciones en que se está haciendo el oleoducto.
2.3. Ver la posibilidad de que un técnico nos explique detalladamente el proyecto y nos proponga alternativas.
2.3. Solicitar el acceso a la información en la CHS del proyecto el oleoducto.
3.- LINEAS DE TRABAJO QUE NOS PLATEAMOS
3.1. Tema oleoducto. Denuncia de la instalación actual y de la anterior
3.2. Formación e información sobre Directiva Marco del Agua, en adelante DMA, Plan de Cuenca, Aguas subterráneas, etc. Para esto contamos ya con algunas posibles colaboraciones y esperamos surjan propuestas aquí.
3.3. Necesidad de dotar de una figura de protección medioambiental al coto arrocero que permita la conservación del mismo, y por consiguiente la necesidad de mantener ciertos caudales, cosa que contempla la DMA.
3.4.Afección del caudal el río y de sus ecosistemas por esta obra del entubamiento.
3.5.Presencia en los medios de comunicación de las cuestiones que consideramos pueden afectar al río con las actuaciones, desde todos los puntos de vista: ecológicos, económicos y culturales.
4.- INFORME SOBRE EL ESTADO DEL PLAN DE CUENCA
Estos Planes tienen que ajustarse a lo que dice la DMA, que, entre otra cosas, considera que los recursos de una cuenca los constituyen sus ríos, manantiales, acuíferos y aguas costeras.
No se ha enviado el Plan a Bruselas y está bastante atrasado respecto al de otras cuencas, entre otras cosas porque no se trata solo de unos papeles sino que lleva todo un proceso de participación que está algo parado. Mientras que en el resto de las cuencas se presentó hace varios meses y se abrió el plazo de 6 meses para presentar alegaciones, aquí no se ha presentado aún el borrador, ya que en nvbre de 2010 se llevó al Consejo el Agua y la mayoría votó en contra y algunas organizaciones se abstuvieron.
Para sorpresa de casi todos, los regantes y los vocales de la comunidad autónoma de Murcia y de la de Valencia votaron en contra, utilizando argumentos del "agua para todos", argumentos que desde la perspectiva de esta norma europea ya no son válidos, y de estar en contra de que ni siquiera aparecieran los datos de la desalación formando parte de los recursos disponibles.
El resultado final es que desde Noviembre en la cuenca del Segura estamos con el proceso paralizado, sin plan y sin saber muy bien qué va a pasar, mientras el resto de cuencas sigue avanzando.
5.-INFORME SOBRE CAUDALES
El plan de cuenca los tiene previstos, porque es algo totalmente obligatorio. Otra cosa es que los valores que finalmente se aprueben sean los adecuados o no. En el ETI aparecían unos valores provisionales, en plan tentativa, muy insuficientes, aunque el ETI no es el Plan en sí, sólo un documento previo. El Ministerio de Medio Ambiente encargó un estudio específico de caudales, que fue terminado y entregado a la CHS hace ya bastante tiempo, pero del que no sabemos nada ni se ha presentado dato alguno. Sabemos que se terminó hace tiempo porque la consultora que hizo el estudio de caudales, hizo también el del Ebro y el del Júcar, y por ejemplo en la cuenca del Ebro hace tiempo que esos datos fueron divulgados y ya están las organizaciones ciudadanas y colectivos ecologistas trabajando en propuestas, alegaciones, etc. Pero en el Segura, pese a que el estudio se terminó a la vez, no sabemos nada de nada. Así que no sé sabe nada de la nueva propuesta, si alguna vez por fin se deciden a divulgarla
6.- INFORME SOBRE POSIBLES FIGURAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
Según el ETI de la demarcación del Segura, las masas de agua incluidas en la Red Natura son consideradas Zonas de Protección Especial. Entre las implicaciones de este régimen de protección, está la no aplicación en las mismas de las medidas de restricción de caudales que puedan ponerse en marcha en situaciones como las de emergencia por sequía. Es decir, que en situación de sequías, los caudales ambientales se podrían reducir legalmente (según el Plan de Sequías del Segura), pero no en tramos del río dentro de la Red Natura 2000, es decir, tramos de río dentro de ZEPAS y LICs. Por tanto, un espacio protegido por sus valores ambientales, como los LICs que hay en la cabecera del Segura y en la Vega Alta, supone también una protección adicional respecto a los caudales del río en ese tramo, lo cual está bien. El tema es ver qué pasa en los tramos de río de cabecera y de la Vega Alta que también tienen valores ambientales pero que no están dentro de la Red Natura. Estamos hablando de tramos de río con un Estado Ecológico Bueno o Muy Bueno o con especiales valores ambientales y paisajísticos, circunstancias que se aplican en el caso del coto arrocero.
El ETI prevé la declaración de las masas de agua tipo río con calidad Muy Buena como Reservas Naturales Fluviales, atendiendo a lo previsto en el apartado 1.b.c. del artículo 42 de la Ley de Aguas.
(Aportaciones de Ecologistas en Acción)
Por otra parte y dentro de lo que concierne a decisiones estrictamente comarcales y municipales:
- Las Directrices de Ordenación del Noroeste la declaran zona protegida agrícola.
El Avance del Plan General Municipal lo contempla como:
- En la zona dentro del LIC, "No Urbanizable de Protección Específica, LIC".
- En la zona fuera del LIC, "No Urbanizable Protegido por el Planeamiento, Agrícola".
Dado que el "No Urbanizable de Protección Específica" supone un mayor grado de protección que el "No Urbanizable Protegido por el Planeamiento", se podría proponer que todo el Coto Arrocero se clasificara como "No Urbanizable de Protección Específica. Coto Arrocero de Calasparra".
Asimismo, el Ayuntamiento podría crear una figura de protección medioambiental para el Coto Arrocero, a nivel municipal, dentro de su Plan General.
(Aportaciones del Foro Ciudadano de Calasparra)
7.- PUNTOS PARA ACORDAR EN ESTA ASAMBLEA
7.1.Pedir ampliar la declaración de Reserva Natural Fluvial
para el Coto Arrocero y los tramos del río con calidad de agua buena o muy buena , basándonos en sus especiales valores ambientales y paisajísticos o bien solicitar la ampliación del LIC Cañaverosa-Benamor a todo el Coto Arrocero.
Que en ésta y en el resto de Reservas Naturales Fluviales, se aplique un régimen de protección adecuado, en relación con el otorgamiento de concesiones, los caudales circulantes en situación de sequía y las ocupaciones y otros usos del Dominio Público Hidráulico, así como la realización de actuaciones que puedan afectar sus valores naturales. De entrada, en las Reservas Naturales Fluviales, como la que se debería declarar en el coto arrocero, se deben excluir nuevas concesiones de agua y no se deben aplicar restricciones de caudales en sequía, proteger de forma estricta el Dominio Público Hidráulico frente a obras y otras actuaciones, etc.
Que esta Reserva Natural Fluvial del coto arrocero, como el resto de tramos que se declaren Reservas Naturales Fluviales, se incorpore a la red de espacios protegidos o la red de corredores ecológicos, con el fin de garantizar su preservación tanto desde un punto de vista hidrológico como en relación con la conservación del paisaje y la biodiversidad asociadas.
Otra posibilidad es crear a nivel municipal una figura de protección describiendo en ella las condiciones. No obstante, a esta última le vemos el problema de que, parte del mismo está situado en otra C.A.. Por ello sugerimos mejor la decisión de un organismo que afecte a toda la cuenca del río.
7.2. Pedir a la CHS que se presenten ya, de una vez por todas, los resultados del estudio de caudales, para ver que plantean en la zona de cabecera y Vega Alta, y empezar ya a defender un régimen de caudales ambientales adecuado.
7.3. Solicitar a la CHS unas Jornadas de presentación pública y debate de la propuesta de caudales ambientales en el Segura, o al menos de caudales en la cabecera y Vega Alta. En esas Jornadas deberían participar los autores del estudio técnico, así como la Universidad y los colectivos ciudadanos y ecologistas, entre otros.
7.4. Organizar una conferencia con una persona técnica (disponemos de Fran Turrión) en donde se explicara con gráficos incluidos el proyecto y alternativas para la mejora del agua de beber.
7.5.Solicitar a la CHS el acceso al proyecto del oleoducto para conocer las condiciones del mismo. Podría hacerse a través de Comunidades de Regantes o a través de EeA.
7.6. Enviar notas de prensa y artículos de opinión sobre diversos temas de nuestras líneas de actuación a los diferentes medios de comunicación.
7.7. Convocar a la Plataforma en Calasparra para poner en común nuestras ideas, informaciones y propuestas.
7.8 Solicitar nuestra incorporación como Plataforma a la comisión que elabore el Plan de Cuenca y a la que se forme para revisión del Proyecto.
7.9. Proponer al Ayuntamiento, y a los grupos políticos que lo constituyan después del 22 de mayo, que promueva una iniciativa para dotar de una figura de protección al coto arrocero.
7.10. Constituir grupos de trabajo para cada una de las acciones que se aprueben, de entre las personas presente en esta reunión.
7.11. Formar un archivo con los diferentes documentos, notas de prensa, artículos, etc que se puedan recopilar respecto al río y que puedan ser de interés, incluidos los fotográficos.
Otras propuestas de las personas asistentes.
que lo han solicitado, el informe que presentaron.
1.- QUE HA OCURRIDO DESDE LA ÚTIMA REUNIÓN
El proyecto de entubamiento se ha paralizado, aunque en ningún momento se hable de su derogación.
Estuvimos en una reunión en el Ayuntamiento de Cieza y esa fue una de las conclusiones que se sacaron. Quedamos que seguiríamos haciendo gestiones para obtener información y también se dijo que, llegado el caso, tendríamos que promover manifestaciones u otra variedad de acciones que no se concretaron.
El tema del oleoducto sigue preocupando y tenemos informaciones incluso gráficas de que siguen adelante, a la espera de que baje el nivel del agua y se puedan colocar los tubos.
También hemos tenido informaciones bastante fiables de que el sistema de tubos que están utilizando es bastante inseguro, por falta de flexibilidad. Hay diferencias en el sistema utilizado para el gasoducto. Seguimos pensando que estamos corriendo un riesgo demasiado alto y además estimamos que no existe información adecuada de un asunto que nos puede afectar de manera muy grave a nosotros y no digamos al resto de la cuenca. El ejemplo de Japón nos ha hecho alertar de que las medidas de seguridad todas son pocas y de que los movimientos de la tierra no son asunto a olvidar.
A través de EeA nos ha llegado una información de gran interés sobre la situación del Plan de cuenca que está muy atrasado. En ese Plan estarían recogidos los caudales que se estiman para distintas épocas y zonas. Asunto este de gran interés a la hora del tema de entubamientos. Nos interesa adentrarnos y participar en todo lo relativo a ese plan.
Tenemos en nuestro poder el ETI (esquema de temas importantes), documento previo al Plan de Cuenca, así como las interesantísimas y científicas alegaciones que se presentaron desde Ecologistas en Acción (en adelante EaA)
También hemos seguido observando lo que decía la prensa y tenemos la impresión de que en la CHS siguen con el interés por el proyecto, sin que se haya hecho nada respecto al compromiso de promover encuentros para analizar la oposición y posibles propuestas alternativas. Al menos nosotros no sabemos nada de que se haya constituido ningún grupo al respecto.
Realmente creemos que en la CHS solo existe constancia de que hay una plataforma, la de la zona de los pueblos que nació al principio. Tal vez sería importante comunicarles que nosotros, los de Calasparra, estamos en esa Plataforma, pero que tenemos un funcionamiento autónomo y solicitamos nuestra comparecencia tanto en el Plan de Cuenca, como en el posible grupo que se forme para revisar el proyecto.
También creemos que hay un problema con la financiación europea, pero todo son referencias que no podemos justificar documentalmente
Viendo que esto no se aparca definitivamente, decidimos vernos de nuevo y retomar el funcionamiento de esta Plataforma que, en definitiva somos todos los presentes. No obstante estimamos que se debe fomentar la participación a título individual, por si alguna persona no está en ningún grupo de los que se adhirieron.
2.-ACUERDOS DE LA ÚLTIMA REUNIÓN DE PORTAVOCES
2.1. Elaborar un pequeño documento para que fuese firmado por los partidos que se presentan a las elecciones y que ahora después pasaremos a dar lectura y a informar de su firma.
2.2. Ver la manera de obtener un informe técnico fiable y objetivo sobre las condiciones en que se está haciendo el oleoducto.
2.3. Ver la posibilidad de que un técnico nos explique detalladamente el proyecto y nos proponga alternativas.
2.3. Solicitar el acceso a la información en la CHS del proyecto el oleoducto.
3.- LINEAS DE TRABAJO QUE NOS PLATEAMOS
3.1. Tema oleoducto. Denuncia de la instalación actual y de la anterior
3.2. Formación e información sobre Directiva Marco del Agua, en adelante DMA, Plan de Cuenca, Aguas subterráneas, etc. Para esto contamos ya con algunas posibles colaboraciones y esperamos surjan propuestas aquí.
3.3. Necesidad de dotar de una figura de protección medioambiental al coto arrocero que permita la conservación del mismo, y por consiguiente la necesidad de mantener ciertos caudales, cosa que contempla la DMA.
3.4.Afección del caudal el río y de sus ecosistemas por esta obra del entubamiento.
3.5.Presencia en los medios de comunicación de las cuestiones que consideramos pueden afectar al río con las actuaciones, desde todos los puntos de vista: ecológicos, económicos y culturales.
4.- INFORME SOBRE EL ESTADO DEL PLAN DE CUENCA
Estos Planes tienen que ajustarse a lo que dice la DMA, que, entre otra cosas, considera que los recursos de una cuenca los constituyen sus ríos, manantiales, acuíferos y aguas costeras.
No se ha enviado el Plan a Bruselas y está bastante atrasado respecto al de otras cuencas, entre otras cosas porque no se trata solo de unos papeles sino que lleva todo un proceso de participación que está algo parado. Mientras que en el resto de las cuencas se presentó hace varios meses y se abrió el plazo de 6 meses para presentar alegaciones, aquí no se ha presentado aún el borrador, ya que en nvbre de 2010 se llevó al Consejo el Agua y la mayoría votó en contra y algunas organizaciones se abstuvieron.
Para sorpresa de casi todos, los regantes y los vocales de la comunidad autónoma de Murcia y de la de Valencia votaron en contra, utilizando argumentos del "agua para todos", argumentos que desde la perspectiva de esta norma europea ya no son válidos, y de estar en contra de que ni siquiera aparecieran los datos de la desalación formando parte de los recursos disponibles.
El resultado final es que desde Noviembre en la cuenca del Segura estamos con el proceso paralizado, sin plan y sin saber muy bien qué va a pasar, mientras el resto de cuencas sigue avanzando.
5.-INFORME SOBRE CAUDALES
El plan de cuenca los tiene previstos, porque es algo totalmente obligatorio. Otra cosa es que los valores que finalmente se aprueben sean los adecuados o no. En el ETI aparecían unos valores provisionales, en plan tentativa, muy insuficientes, aunque el ETI no es el Plan en sí, sólo un documento previo. El Ministerio de Medio Ambiente encargó un estudio específico de caudales, que fue terminado y entregado a la CHS hace ya bastante tiempo, pero del que no sabemos nada ni se ha presentado dato alguno. Sabemos que se terminó hace tiempo porque la consultora que hizo el estudio de caudales, hizo también el del Ebro y el del Júcar, y por ejemplo en la cuenca del Ebro hace tiempo que esos datos fueron divulgados y ya están las organizaciones ciudadanas y colectivos ecologistas trabajando en propuestas, alegaciones, etc. Pero en el Segura, pese a que el estudio se terminó a la vez, no sabemos nada de nada. Así que no sé sabe nada de la nueva propuesta, si alguna vez por fin se deciden a divulgarla
6.- INFORME SOBRE POSIBLES FIGURAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
Según el ETI de la demarcación del Segura, las masas de agua incluidas en la Red Natura son consideradas Zonas de Protección Especial. Entre las implicaciones de este régimen de protección, está la no aplicación en las mismas de las medidas de restricción de caudales que puedan ponerse en marcha en situaciones como las de emergencia por sequía. Es decir, que en situación de sequías, los caudales ambientales se podrían reducir legalmente (según el Plan de Sequías del Segura), pero no en tramos del río dentro de la Red Natura 2000, es decir, tramos de río dentro de ZEPAS y LICs. Por tanto, un espacio protegido por sus valores ambientales, como los LICs que hay en la cabecera del Segura y en la Vega Alta, supone también una protección adicional respecto a los caudales del río en ese tramo, lo cual está bien. El tema es ver qué pasa en los tramos de río de cabecera y de la Vega Alta que también tienen valores ambientales pero que no están dentro de la Red Natura. Estamos hablando de tramos de río con un Estado Ecológico Bueno o Muy Bueno o con especiales valores ambientales y paisajísticos, circunstancias que se aplican en el caso del coto arrocero.
El ETI prevé la declaración de las masas de agua tipo río con calidad Muy Buena como Reservas Naturales Fluviales, atendiendo a lo previsto en el apartado 1.b.c. del artículo 42 de la Ley de Aguas.
(Aportaciones de Ecologistas en Acción)
Por otra parte y dentro de lo que concierne a decisiones estrictamente comarcales y municipales:
- Las Directrices de Ordenación del Noroeste la declaran zona protegida agrícola.
El Avance del Plan General Municipal lo contempla como:
- En la zona dentro del LIC, "No Urbanizable de Protección Específica, LIC".
- En la zona fuera del LIC, "No Urbanizable Protegido por el Planeamiento, Agrícola".
Dado que el "No Urbanizable de Protección Específica" supone un mayor grado de protección que el "No Urbanizable Protegido por el Planeamiento", se podría proponer que todo el Coto Arrocero se clasificara como "No Urbanizable de Protección Específica. Coto Arrocero de Calasparra".
Asimismo, el Ayuntamiento podría crear una figura de protección medioambiental para el Coto Arrocero, a nivel municipal, dentro de su Plan General.
(Aportaciones del Foro Ciudadano de Calasparra)
7.- PUNTOS PARA ACORDAR EN ESTA ASAMBLEA
7.1.Pedir ampliar la declaración de Reserva Natural Fluvial
para el Coto Arrocero y los tramos del río con calidad de agua buena o muy buena , basándonos en sus especiales valores ambientales y paisajísticos o bien solicitar la ampliación del LIC Cañaverosa-Benamor a todo el Coto Arrocero.
Que en ésta y en el resto de Reservas Naturales Fluviales, se aplique un régimen de protección adecuado, en relación con el otorgamiento de concesiones, los caudales circulantes en situación de sequía y las ocupaciones y otros usos del Dominio Público Hidráulico, así como la realización de actuaciones que puedan afectar sus valores naturales. De entrada, en las Reservas Naturales Fluviales, como la que se debería declarar en el coto arrocero, se deben excluir nuevas concesiones de agua y no se deben aplicar restricciones de caudales en sequía, proteger de forma estricta el Dominio Público Hidráulico frente a obras y otras actuaciones, etc.
Que esta Reserva Natural Fluvial del coto arrocero, como el resto de tramos que se declaren Reservas Naturales Fluviales, se incorpore a la red de espacios protegidos o la red de corredores ecológicos, con el fin de garantizar su preservación tanto desde un punto de vista hidrológico como en relación con la conservación del paisaje y la biodiversidad asociadas.
Otra posibilidad es crear a nivel municipal una figura de protección describiendo en ella las condiciones. No obstante, a esta última le vemos el problema de que, parte del mismo está situado en otra C.A.. Por ello sugerimos mejor la decisión de un organismo que afecte a toda la cuenca del río.
7.2. Pedir a la CHS que se presenten ya, de una vez por todas, los resultados del estudio de caudales, para ver que plantean en la zona de cabecera y Vega Alta, y empezar ya a defender un régimen de caudales ambientales adecuado.
7.3. Solicitar a la CHS unas Jornadas de presentación pública y debate de la propuesta de caudales ambientales en el Segura, o al menos de caudales en la cabecera y Vega Alta. En esas Jornadas deberían participar los autores del estudio técnico, así como la Universidad y los colectivos ciudadanos y ecologistas, entre otros.
7.4. Organizar una conferencia con una persona técnica (disponemos de Fran Turrión) en donde se explicara con gráficos incluidos el proyecto y alternativas para la mejora del agua de beber.
7.5.Solicitar a la CHS el acceso al proyecto del oleoducto para conocer las condiciones del mismo. Podría hacerse a través de Comunidades de Regantes o a través de EeA.
7.6. Enviar notas de prensa y artículos de opinión sobre diversos temas de nuestras líneas de actuación a los diferentes medios de comunicación.
7.7. Convocar a la Plataforma en Calasparra para poner en común nuestras ideas, informaciones y propuestas.
7.8 Solicitar nuestra incorporación como Plataforma a la comisión que elabore el Plan de Cuenca y a la que se forme para revisión del Proyecto.
7.9. Proponer al Ayuntamiento, y a los grupos políticos que lo constituyan después del 22 de mayo, que promueva una iniciativa para dotar de una figura de protección al coto arrocero.
7.10. Constituir grupos de trabajo para cada una de las acciones que se aprueben, de entre las personas presente en esta reunión.
7.11. Formar un archivo con los diferentes documentos, notas de prensa, artículos, etc que se puedan recopilar respecto al río y que puedan ser de interés, incluidos los fotográficos.
Otras propuestas de las personas asistentes.
martes, 15 de marzo de 2011
UN EJEMPLO DE BUENAS PRÁCTICAS
Cuando hace once años alguien, cuyo nombre no viene a cuento, propuso convertir en escombrera la cantera abandonada de áridos del Cabezo Negro, un pequeño grupo de personas envió un escrito al ayuntamiento de Calasparra, alertando del error que podría cometerse si se tomaba esta decisión.
Explicamos en ese momento los valores de este cono volcánico, situado junto a la carretera que conduce al Santuario de la Esperanza. El interés de aquellas personas por la Geología, aunque no fueran expertos, pero si curiosos y amantes de conservar las cosas de interés en su pueblo, permitió informar de que aquél lugar era un L.I.G, es decir Lugar de Interés Geológico, de sus posibilidades didácticas, de su catalogación en mapas geológicos y de su significado en el paisaje de la zona.
Por aportar algunos datos de ese interés incorporamos una parte de la descripción que del mismo hace el académico de la Academia de Ciencias de la Región de Murcia, Don Rafael Arana
El principal afloramiento de rocas lamproíticas forma el llamado Cerro Negro, a unos 150 metros al norte del km. 2 de la carretera de Calasparra a Paradores. Ocupa una extensión de unos 400 m. de largo en dirección N-S, y unos 225 m. de ancho. Las rocas volcánicas del Cerro Negro fueron descritas por primera vez por Jeremine y
Fallot (1929) y estudiadas posteriormente por los mismos autores.
Fallot (1945) interpreta este afloramiento como el resto de una antigua colada
de mayor importancia que habría sido parcialmente erosionada y la considera
como una pequeña escama apoyada sobre el terciario.
Por fortuna entre unos y otros y unas y otras, dimos una voz de alarma que, aunque haya que haber esperado varios años, ha culminado con la realización de un proyecto que ha dejado como una “tacita de plata” el espacio de referencia. Proyecto que se presentó dentro de la convocatoria de premios del Paisaje de la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio y salio seleccionado en 2009. No ha sido cuantiosa la cantidad que se ha destinado- poco más de 30.000 €- pero se demuestra que proyectos sencillos y de bajo coste pueden producir efectos de gran interés.
Nuestro aplauso a todas las personas que han intervenido y dejar constancia de los puntos por los que consideramos esta como una buena práctica:
• Escuchar los consejos de diferentes ciudadanos y ciudadanas que por diversas razones han tenido un conocimiento de algunos temas.
• Evitar la degradación de un espacio en el centro de la zona más turística del pueblo.
• Tener paciencia y aguardar la coyuntura que ha permitido ejecutar la obra sin costes para las arcas municipales.
Ciertamente es una necesidad el disponer de instalaciones para recoger los residuos inertes procedentes de derribo. Es un problema de Calasparra y de otros pueblos de la comarca. Busquemos pues un lugar idóneo y hagamos el proyecto correspondiente. Puede ser hasta un pequeño negocio del que vivan unas pocas familias. Como se ha hecho con la estación de transferencias, puede hacerse en este caso.
Y para acabar, recomendar la visita al Cabezo Negro. Se puede ir con niños, allí pueden correr. Y hasta echándole un poco de imaginación, podemos inventar alguna historia de volcanes que les haga más divertido el recorrido. Y también como siempre pedir que lo cuidemos.
Ángeles Trujillo Ponce. Foro Ciudadano de Calasparra y de la Región de Murcia
RECORDANDO A COCHABAMBA
Me gusta el cine, lo confieso, pero me gusta en una buena sala de proyección en donde nadie me distrae y puedo recrearme y mantener la atención. Por desgracia no es fácil poder darnos el placer de ver una buena “peli” en un buen cine, porque ha tiempo decidimos desarrollar toda nuestra vida en un pueblo de la zona más desfavorecida de la región. Pero aquí andamos y de vez en cuando nos escapamos y disfrutamos un rato.
Motivada como estaba por el tema del dichoso entubamiento de aguas y por algunas cositas que había oído de posibles tejemanejes en otro ámbito también acuícola, me fui a ver TAMBIÉN LA LLUVIA de Iciar Bollaín. Ya iba caliente porque la rebelión de Cochabamba, aunque no tuvo mucho eco en los medios de comunicación –esas cosas no interesan no vaya y se nos contagien- los medios alternativos de los que era asidua, me acercaron al tema, y quise ver el tratamiento dado. Resultado: bastante bueno y realista.
Confieso que empecé a sentirme india, que entré en los personajes, que veía claro que nos están explotando, que quieren sacarnos el dinero casi, casi…hasta por respirar. Y además que el agua es el oro y el petróleo del siglo XXI, cosa que unos poquitos quieren apresurarse a controlar para tomar posiciones ventajosas.
Los ciudadanos de aquella ciudad, tercera en importancia en Bolivia, defendieron su derecho a disponer del agua que era un bien común, a ser ellos quienes la administraran, a no tener que pagar cantidades que eran superiores a sus posibilidades. La mayoría fueron mujeres que percibieron más que nadie lo que les supondría carecer del líquido-elemento: para dar de beber a sus hijos, para cocinar, para su aseo, para regar sus huertos. Decían las mujeres: El agua es nuestra, el agua es sagrada, el agua es la vida.
El pueblo de Cochabamba logra cambiar la Ley de Agua Potable y Alcantarillado. Perpetuando aquél movimiento, basado en un proceso de discusión, debate y participación, aún conserva un eslogan escrito en las paredes: “Bebo agua, luego existo, entonces voto” Y todo este hecho sucede hace poquitos años, entre 1999 y 2006 aproximadamente.
Como actores extras de la película muchos descubren que están siendo objeto de una nueva invasión, de una nueva llegada de expoliadores que encuentran en el agua otra forma de esclavizar. Les quieren quitar hasta la lluvia.
Aquello indios reaccionaron, nosotros, los que nos hemos acostumbrado a una sociedad de la opulencia y la pasividad no queremos saber casi de nada que no sea nuestras cositas particulares. Por ejemplo, ¿quién ha movido un dedo por denunciar la venta a empresas privadas de nuestros servicios de agua y alcantarillado? Alucinados por el dinero que ofrecían las empresas, nuestros ayuntamientos cayeron en los brazos del becerro de oro y privatizaron lo que siempre había sido de gestión municipal. Pero no digamos que los contratos se firmaron para uno, dos, cinco o diez años…¡están hechos para 25 años! ¡Y pueden pasar tantas cosas! En algunos sitios ya vamos por el segundo periodo de 25 años.
Decisiones de gran calado para lo que la ciudadanía no fue ni consultada, ni informada. Pagando el recibo con otro membrete y a otra cosa. Yo sigo sin aceptar la situación y adopto la fórmula de dirigirme al ayuntamiento cuando tengo algún problema, ya que no he contratado con empresa alguna. Por muy representantes míos que se consideren los que gobiernan, yo me había leído el programa electoral y en el mismo no se hablaba de que traspasarían las responsabilidades sobre el agua a una multinacional.
Como me he propuesto aprovechar la gentileza de este medio, al publicarme estos sencillo artículos para acercar mis reflexiones y descubrimientos a la gente, aprovecho la ocasión para hacer públicas mis dudas que supongo son también las de muchos y muchas de ustedes.
En su día, y a pesar de no estar de acuerdo con eso de “vender el servicio de aguas” o privatizarlo (cada uno lo llama de una forma), me atreví - ¡Oh gran osadía por mi parte! – a proponer algunas fórmulas que suavizaran o hiciesen más racional la decisión. Fue una de ellas que el dinero del contrato no se cobrara de antemano, sino que se fraccionara en anualidades y que esas cantidades se dedicasen a revisar y modernizar nuestro sistema de abastecimiento de aguas y alcantarillado. Sin embargo parece que el modelo que se lleva es el de “coge el dinero y vete”, es decir cobramos de antemano y nos gastamos los dineros en lo que haga falta, que siempre en los pueblos son muchas cosas, aunque no siempre todas urgentes.
Más dudas que tengo al respecto
¿Dónde puedo leerme de forma asequible y en lenguaje cotidiano el texto del contrato?
¿Existe alguna comisión de seguimiento de la eficiencia de la gestión de la empresa? ¿Hay algún buzón, página WEB o similar en donde la gente corriente puede dejar sus sugerencias? Y así sigo y sigo con mis dudas y mi ignorancia.
Hay una cosa que parece que se me ha aclarado. Partiendo de un principio básico de que las empresas no son las Hermanitas de la Caridad, y que sus objetivos son ganar dinero, ¿por qué hemos hecho ese traspaso? ¿Acaso la gestión municipal no puede ser también ganadora o por qué lo público no es rentable?
Por lo tanto, recordando a Cochabamba, y aunque lo haga de manera pacifica y solo literaria, confieso que me rebelo contra la privatización de los servicios públicos ya sea la educación, la sanidad, los transportes, y en este caso algo tan de todos como es el agua.
Ángeles Trujillo Ponce.- Forma parte del Foro Ciudadano de Calasparra y de la Región de Murcia.
Motivada como estaba por el tema del dichoso entubamiento de aguas y por algunas cositas que había oído de posibles tejemanejes en otro ámbito también acuícola, me fui a ver TAMBIÉN LA LLUVIA de Iciar Bollaín. Ya iba caliente porque la rebelión de Cochabamba, aunque no tuvo mucho eco en los medios de comunicación –esas cosas no interesan no vaya y se nos contagien- los medios alternativos de los que era asidua, me acercaron al tema, y quise ver el tratamiento dado. Resultado: bastante bueno y realista.
Confieso que empecé a sentirme india, que entré en los personajes, que veía claro que nos están explotando, que quieren sacarnos el dinero casi, casi…hasta por respirar. Y además que el agua es el oro y el petróleo del siglo XXI, cosa que unos poquitos quieren apresurarse a controlar para tomar posiciones ventajosas.
Los ciudadanos de aquella ciudad, tercera en importancia en Bolivia, defendieron su derecho a disponer del agua que era un bien común, a ser ellos quienes la administraran, a no tener que pagar cantidades que eran superiores a sus posibilidades. La mayoría fueron mujeres que percibieron más que nadie lo que les supondría carecer del líquido-elemento: para dar de beber a sus hijos, para cocinar, para su aseo, para regar sus huertos. Decían las mujeres: El agua es nuestra, el agua es sagrada, el agua es la vida.
El pueblo de Cochabamba logra cambiar la Ley de Agua Potable y Alcantarillado. Perpetuando aquél movimiento, basado en un proceso de discusión, debate y participación, aún conserva un eslogan escrito en las paredes: “Bebo agua, luego existo, entonces voto” Y todo este hecho sucede hace poquitos años, entre 1999 y 2006 aproximadamente.
Como actores extras de la película muchos descubren que están siendo objeto de una nueva invasión, de una nueva llegada de expoliadores que encuentran en el agua otra forma de esclavizar. Les quieren quitar hasta la lluvia.
Aquello indios reaccionaron, nosotros, los que nos hemos acostumbrado a una sociedad de la opulencia y la pasividad no queremos saber casi de nada que no sea nuestras cositas particulares. Por ejemplo, ¿quién ha movido un dedo por denunciar la venta a empresas privadas de nuestros servicios de agua y alcantarillado? Alucinados por el dinero que ofrecían las empresas, nuestros ayuntamientos cayeron en los brazos del becerro de oro y privatizaron lo que siempre había sido de gestión municipal. Pero no digamos que los contratos se firmaron para uno, dos, cinco o diez años…¡están hechos para 25 años! ¡Y pueden pasar tantas cosas! En algunos sitios ya vamos por el segundo periodo de 25 años.
Decisiones de gran calado para lo que la ciudadanía no fue ni consultada, ni informada. Pagando el recibo con otro membrete y a otra cosa. Yo sigo sin aceptar la situación y adopto la fórmula de dirigirme al ayuntamiento cuando tengo algún problema, ya que no he contratado con empresa alguna. Por muy representantes míos que se consideren los que gobiernan, yo me había leído el programa electoral y en el mismo no se hablaba de que traspasarían las responsabilidades sobre el agua a una multinacional.
Como me he propuesto aprovechar la gentileza de este medio, al publicarme estos sencillo artículos para acercar mis reflexiones y descubrimientos a la gente, aprovecho la ocasión para hacer públicas mis dudas que supongo son también las de muchos y muchas de ustedes.
En su día, y a pesar de no estar de acuerdo con eso de “vender el servicio de aguas” o privatizarlo (cada uno lo llama de una forma), me atreví - ¡Oh gran osadía por mi parte! – a proponer algunas fórmulas que suavizaran o hiciesen más racional la decisión. Fue una de ellas que el dinero del contrato no se cobrara de antemano, sino que se fraccionara en anualidades y que esas cantidades se dedicasen a revisar y modernizar nuestro sistema de abastecimiento de aguas y alcantarillado. Sin embargo parece que el modelo que se lleva es el de “coge el dinero y vete”, es decir cobramos de antemano y nos gastamos los dineros en lo que haga falta, que siempre en los pueblos son muchas cosas, aunque no siempre todas urgentes.
Más dudas que tengo al respecto
¿Dónde puedo leerme de forma asequible y en lenguaje cotidiano el texto del contrato?
¿Existe alguna comisión de seguimiento de la eficiencia de la gestión de la empresa? ¿Hay algún buzón, página WEB o similar en donde la gente corriente puede dejar sus sugerencias? Y así sigo y sigo con mis dudas y mi ignorancia.
Hay una cosa que parece que se me ha aclarado. Partiendo de un principio básico de que las empresas no son las Hermanitas de la Caridad, y que sus objetivos son ganar dinero, ¿por qué hemos hecho ese traspaso? ¿Acaso la gestión municipal no puede ser también ganadora o por qué lo público no es rentable?
Por lo tanto, recordando a Cochabamba, y aunque lo haga de manera pacifica y solo literaria, confieso que me rebelo contra la privatización de los servicios públicos ya sea la educación, la sanidad, los transportes, y en este caso algo tan de todos como es el agua.
Ángeles Trujillo Ponce.- Forma parte del Foro Ciudadano de Calasparra y de la Región de Murcia.
¿PLAN DE IGUALDAD O TURISMO DE NATURLEZA?
Se ha distribuido por Calasparra un folleto cuyo contenido está referido al Primer Plan de Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
Muchas cosas se podrían objetar al mismo y no nos vamos a quedar con la gana de hacerlo, ya que para eso estamos quienes entendemos algo del asunto.
En primer lugar no se puede publicar hacer un plan que afecta a las mujeres sin que se acompañe un trabajo previo de diagnóstico de la situación: pirámide de población, datos de ocupación laboral, niveles de formación, expectativas recogidas a través de una encuesta, pero de una manera lo más amplia posible y no solo con unas poquitas variables.
Tampoco se puede hacer un plan de este tipo sin que aparezcan fundamentos legales, empezando por las directrices de la ONU y la UE, y comentando los avances que hemos conseguido en este terreno en España con las leyes estatales y su adaptación autonómica un poco peor por cierto. Son gastos de papel y divulgación que se deben emplear para dar un contenido educativo a la acción de gobierno.
Grave también que una tarea de tan gran trascendencia para el desarrollo de las comunidades locales, se haga con tan poca participación, puesto que da la impresión de que se ha dejado el trabajo a la agente de igualdad y la concejala correspondiente. Porque en Calasparra deben haber muchas mujeres que saben mucho de la vida, de lo que han aguantado, de lo que aspiran para ellas y de lo que consideran son derechos conculcados a través de largos siglos de historia patriarcal
Que yo sepa no ha existido ningún grupo que colabore, ninguna asamblea en que se invite a mujeres, ninguna página de consulta, ningún debate previo…nada de nada.
Pobre nos parece el contenido y además denota poco compromiso de ejecución. Sólo aparecen en el texto una relación de objetivos, es decir lo que podríamos llamar “declaración de principios o buenas intenciones”, y de eso ya estamos bastante hartas.
Todo muy general. Se podría pensar que se quiere pasar de puntillas sobre ello., Que no se nos enfaden los caballeros con muchas exigencias y reivindicaciones, porque a fin de cuentas ellos son los que siguen ostentando el poder y los que nos pueden dar algunas migajas que queden en el festín.
Pero lo que más me ha llegado al alma ha sido el diseño del folleto. Más bien se podría decir que se trata de un folleto turístico o de uno divulgativo de la agricultura ecológica del río Segura. En la portada un paisaje de un arrozal. El resto de las ilustraciones fotos de frutales, de nuevo el río, una panorámica del pueblo y una foto de árboles en primavera. Ni una sola imagen referida a la igualdad, ni una sola foto de mujeres anónimas o de las que hicieron de la lucha por la igualdad el objeto de su vida.
Reiteramos la sensación de que da la impresión de haber sido hecho con desgana y, sobre todo, para que los hombres no se nos enfaden. Y sin que tengamos ese objetivo de enfadar al personal, lo cierto es que los planes de igualdad deben tratar de remover un poco las conciencias sociales y de hacer presente las desigualdades y las muchas cosas que aún tenemos pendientes . Una más de las muchas asignaturas pendientes que quedan en el mundo para erradicar las desigualdades y las injusticias.
sábado, 22 de enero de 2011
ARTICULO EN EL NOROESTE DE HOY DESDE LA PLATAFORMA EN DEFENSA DEL RIO. TÍTULO: DÁNDOLE VUELTAS AL TUBO
Supongo que, a estas alturas, ya hay muchas personas de la comarca y especialmente de Calasparra, que saben bastante del proyecto de entubamiento de caudales del río Segura desde el Cenajo a las ETAP de Campotéjar y Sierra de la Espada. Gracias a la iniciativa de la Plataforma en Defensa del Río Segura, que organizó una Asamblea Popular en el Auditorio de Calasparra, fue posible dar información, formular preguntas para resolver dudas y expresar opiniones, cosas todas ellas a las que tenemos derecho por el simple hecho de vivir en una sociedad democrática.
Algunos de los que estamos participando en esta Plataforma sabemos de antiguos intentos de entubar parte de los caudales del río. Quizás el más sonado fue el famoso proyecto de la Rambla de Benito, allá por el año 1990. Afortunadamente, con buen criterio por parte de la administración y de la población, que esta vez si fue escuchada, aquél disparate se aparcó. Los argumentos medioambientales fueron decisivos y la participación ciudadana que los defendió de gran trascendencia.
En el año 2000 este mismo proyecto fue resucitado y se paralizó de nuevo por la oposición, entre otros, del Ayto de Moratalla, según se indica en las alegaciones que se presentan al Estudio de Impacto Ambiental. Parece ser cuestión de décadas.
Viendo estas cosas, y otras más lejanas, que nos cuentan algunos mayores y los distintos documentos, especialmente el BOE, parece como si existiera un terrible dragón con poder de regeneración de su cabeza. Se la cortamos y enseguida aparece otra, Eso sí, cada vez más refinada y con maquillaje de los nuevos tiempos.
No está de más recordar brevemente este nuevo proyecto, por cierto poco divulgado en el 2007, fecha en que aparece en el BOE. Hasta que sale el que consideramos incompleto Estudio de Impacto Ambiental el 25 de febrero de 2010 seguíamos sin saber casi nada. Algunos ayuntamientos presentaron alegaciones al mismo, quedó algún otro que parece ser llegó tarde y no cumplió el plazo marcado. La administración regional y los grupos ecologistas consultados envían sus aportaciones, algunas bastante completas e interesantes. Se rechazan casi todas y empieza a removerse la indignación. Los que saben algo promueven la Plataforma que intenta ir algo más allá de la oposición a este proyecto, de ahí la denominación que toma de “defensa del río”
El proyecto en sí, resumido al máximo es el siguiente:
Objetivos: Mejorar la calidad del agua de beber, reducir las pérdidas por evaporación y filtración, incorporar a la mancomunidad de canales del Taibilla los municipios del Altiplano, es decir Jumilla y Yecla. Todo ello contando con que el agua a detraer es los 131 hectómetros cúbicos que, para usos humanos, se nos tienen asignados en el trasvase Tajo-Segura
Para conseguir estos objetivos se plantean unas grandes obras cuyo valor es en principio de 120 millones de euros y para ello se cuenta con un 50% de fondos europeos, aún sin solicitar por los organismos correspondientes.
Obras a realizar:
• Conducción troncal de 70,9 km (Cenajo-Campotéjar y Sª de la Espada)
• Conducciones secundarias o ramales hacia canal de Moratalla-Cartagena (19,7 km) y ramal del Altiplano (25 km)
• Una gran ETAP en el Cenajo
• Varios depósitos y acueductos.
• Tunel del Chopillo de 6 km. y con un diámetro exterior de 3,70 m
• Cuatro instalaciones de recuperación de energía.
• 9 estaciones de bombeo
• Otras obras complementarias.
De acuerdo todos en los objetivos, no tan de acuerdo en la forma de llevarlo a la práctica, porque creemos que, sin entrar a cuestionar que son los técnicos los que tienen que hacer su parte, también es bastante cierto que la sociedad civil ha de participar en la toma de decisiones de cuestiones, que suponen afecciones medioambientales, y elevados costes que se obtienen de nuestra bolsa común.
Lo último sobre el tema son los comunicados diversos en los que se nos dice que el proyecto está paralizado. Hasta ahora son declaración de intenciones porque en el BOE lo único que encontramos es que el 31 de diciembre pasado se recoge el acuerdo de la Sociedad Estatal de Aguas de las Cuencas Mediterráneas por el que se desiste de la adjudicación de las obras correspondientes a la toma de la presa en el Cenajo hasta el inicio del túnel del Chopillo. Esto es una cuestión puramente administrativa, dado que el proyecto salió a concurso con los pliegos de contratación de Aquasegura, sociedad que ha quedado absorbida por Acuamed.
Lo anterior nos ha dado un respiro y un espacio de tiempo para la reflexión y nuevas acciones, pero el proyecto sigue en pie. Como alguien decía en la reunión de la Plataforma “el proyecto está descabezado pero no retirado”. Mientras no aparezca su derogación no podemos quedarnos tranquilos.
Tal como dice hoy Manuel Buitrago en su artículo en La Verdad , es posible que los partidos políticos quieran utilizar este asunto como arma electoral, no en vano nos encontramos prácticamente inmersos en la campaña previa a las elecciones de mayo próximo. Existirán otros intereses, no me cabe duda, pero creo afirmar que muchas de las personas que andamos en este compromiso, no tenemos más afán que hacer posible que el llamado desarrollo no sea perjudicial para el futuro y el daño sea mayor que el beneficio. Por otra parte también nos guía la preocupación por implantar una mejor democracia con más transparencia y participación.
Llegados a este punto y hurgando por hemerotecas y archivos encontramos que hay un problema con el que no contábamos al principio, y que tampoco se aborda en la DEIA, siendo un impedimento tan grave que, por sí sólo, anularía todo el proyecto y el propio estudio.
Tenemos un oleoducto que atraviesa el Cenajo, a 12 km.,en las colas, aguas arriba, que también cruza varios cauces de otros ríos de la cuenca. Disponemos también de alegaciones que se presentaron en su día a este oleoducto, por ejemplo las de ANSE de Calasparra y las de algunos regantes. En nuestro poder obra un informe de la propia CHS, firmado por técnicos de la misma del año 2000, en el que, aún reconociendo que se han adoptado medidas de seguridad, nadie puede evitar que pueda haber una fisura, con la gravedad que ello supondría, para el agua que consumimos una gran parte de la población regional y de provincias limítrofes, proponiendo por ello fórmulas alternativas
¿Y por qué es grave esta nueva aportación? No dudamos en absoluto de las medidas que los técnicos de REPSOL adoptaron para garantizar al máximo la seguridad de que no habrían fugas, pero también sabemos que nada humano es infalible y que las leyes de la Naturaleza son a veces caprichosas o no tan fijas como parecen. Tienen un margen de error.
Decía mi abuela que “lo que no pasa en un año pasa en un día”. En efecto ¿quién nos asegura rotundamente que no puede producirse una fuga y contaminar las aguas? ¿Qué habría que hacer entonces? ¿Vaciar el pantano? ¿Dejar que bajase el agua y contaminar los suelos y llevarlo hasta…Guardamar, porque el río no desagua en el mar?
Por si fuera poco en este momento asistimos a la construcción de un nuevo oleoducto que discurre prácticamente paralelo al anterior, sin que nadie se haya opuesto al mismo y sin que se haya visto la posibilidad de que pase por otras zonas que no sean áreas protegidas. Cuestión de dinero, como siempre. Debe ser este el itinerario más económico.
Con este breve texto hemos pretendido informar y aclarar algunas cosas. Reiteramos nuestra adhesión a los objetivos pero dejando claro que, desde nuestra perspectiva de cuidar el río y todo el entramado social, cultural y ambiental que el mismo crea como vertebrador de nuestra región, nos preocupan proyectos faraónicos en los que muchas veces estamos viendo intereses extraños que ponen como excusa la mejora de la calidad de vida. Por ello apostamos por actuaciones más sencillas que produzcan el mismo efecto beneficioso con menos costes económicos y medioambientales. Y aunque bastante se ha hecho aún nos quedan muchas parcelas por desarrollar para mejorar el agua de nuestros ríos.
En esas estamos y creemos que es un momento trascendental, porque si para algo debe servir una crisis es para ver qué cambios son necesarios en la sociedad y poner a funcionar un don gratuito de los seres humanos: la imaginación.
Ángeles Trujillo.- Forma parte del equipo de portavoces de la Plataforma en defensa del Río Segura de Calasparra, en representación de Ecologistas en Acción.
Algunos de los que estamos participando en esta Plataforma sabemos de antiguos intentos de entubar parte de los caudales del río. Quizás el más sonado fue el famoso proyecto de la Rambla de Benito, allá por el año 1990. Afortunadamente, con buen criterio por parte de la administración y de la población, que esta vez si fue escuchada, aquél disparate se aparcó. Los argumentos medioambientales fueron decisivos y la participación ciudadana que los defendió de gran trascendencia.
En el año 2000 este mismo proyecto fue resucitado y se paralizó de nuevo por la oposición, entre otros, del Ayto de Moratalla, según se indica en las alegaciones que se presentan al Estudio de Impacto Ambiental. Parece ser cuestión de décadas.
Viendo estas cosas, y otras más lejanas, que nos cuentan algunos mayores y los distintos documentos, especialmente el BOE, parece como si existiera un terrible dragón con poder de regeneración de su cabeza. Se la cortamos y enseguida aparece otra, Eso sí, cada vez más refinada y con maquillaje de los nuevos tiempos.
No está de más recordar brevemente este nuevo proyecto, por cierto poco divulgado en el 2007, fecha en que aparece en el BOE. Hasta que sale el que consideramos incompleto Estudio de Impacto Ambiental el 25 de febrero de 2010 seguíamos sin saber casi nada. Algunos ayuntamientos presentaron alegaciones al mismo, quedó algún otro que parece ser llegó tarde y no cumplió el plazo marcado. La administración regional y los grupos ecologistas consultados envían sus aportaciones, algunas bastante completas e interesantes. Se rechazan casi todas y empieza a removerse la indignación. Los que saben algo promueven la Plataforma que intenta ir algo más allá de la oposición a este proyecto, de ahí la denominación que toma de “defensa del río”
El proyecto en sí, resumido al máximo es el siguiente:
Objetivos: Mejorar la calidad del agua de beber, reducir las pérdidas por evaporación y filtración, incorporar a la mancomunidad de canales del Taibilla los municipios del Altiplano, es decir Jumilla y Yecla. Todo ello contando con que el agua a detraer es los 131 hectómetros cúbicos que, para usos humanos, se nos tienen asignados en el trasvase Tajo-Segura
Para conseguir estos objetivos se plantean unas grandes obras cuyo valor es en principio de 120 millones de euros y para ello se cuenta con un 50% de fondos europeos, aún sin solicitar por los organismos correspondientes.
Obras a realizar:
• Conducción troncal de 70,9 km (Cenajo-Campotéjar y Sª de la Espada)
• Conducciones secundarias o ramales hacia canal de Moratalla-Cartagena (19,7 km) y ramal del Altiplano (25 km)
• Una gran ETAP en el Cenajo
• Varios depósitos y acueductos.
• Tunel del Chopillo de 6 km. y con un diámetro exterior de 3,70 m
• Cuatro instalaciones de recuperación de energía.
• 9 estaciones de bombeo
• Otras obras complementarias.
De acuerdo todos en los objetivos, no tan de acuerdo en la forma de llevarlo a la práctica, porque creemos que, sin entrar a cuestionar que son los técnicos los que tienen que hacer su parte, también es bastante cierto que la sociedad civil ha de participar en la toma de decisiones de cuestiones, que suponen afecciones medioambientales, y elevados costes que se obtienen de nuestra bolsa común.
Lo último sobre el tema son los comunicados diversos en los que se nos dice que el proyecto está paralizado. Hasta ahora son declaración de intenciones porque en el BOE lo único que encontramos es que el 31 de diciembre pasado se recoge el acuerdo de la Sociedad Estatal de Aguas de las Cuencas Mediterráneas por el que se desiste de la adjudicación de las obras correspondientes a la toma de la presa en el Cenajo hasta el inicio del túnel del Chopillo. Esto es una cuestión puramente administrativa, dado que el proyecto salió a concurso con los pliegos de contratación de Aquasegura, sociedad que ha quedado absorbida por Acuamed.
Lo anterior nos ha dado un respiro y un espacio de tiempo para la reflexión y nuevas acciones, pero el proyecto sigue en pie. Como alguien decía en la reunión de la Plataforma “el proyecto está descabezado pero no retirado”. Mientras no aparezca su derogación no podemos quedarnos tranquilos.
Tal como dice hoy Manuel Buitrago en su artículo en La Verdad , es posible que los partidos políticos quieran utilizar este asunto como arma electoral, no en vano nos encontramos prácticamente inmersos en la campaña previa a las elecciones de mayo próximo. Existirán otros intereses, no me cabe duda, pero creo afirmar que muchas de las personas que andamos en este compromiso, no tenemos más afán que hacer posible que el llamado desarrollo no sea perjudicial para el futuro y el daño sea mayor que el beneficio. Por otra parte también nos guía la preocupación por implantar una mejor democracia con más transparencia y participación.
Llegados a este punto y hurgando por hemerotecas y archivos encontramos que hay un problema con el que no contábamos al principio, y que tampoco se aborda en la DEIA, siendo un impedimento tan grave que, por sí sólo, anularía todo el proyecto y el propio estudio.
Tenemos un oleoducto que atraviesa el Cenajo, a 12 km.,en las colas, aguas arriba, que también cruza varios cauces de otros ríos de la cuenca. Disponemos también de alegaciones que se presentaron en su día a este oleoducto, por ejemplo las de ANSE de Calasparra y las de algunos regantes. En nuestro poder obra un informe de la propia CHS, firmado por técnicos de la misma del año 2000, en el que, aún reconociendo que se han adoptado medidas de seguridad, nadie puede evitar que pueda haber una fisura, con la gravedad que ello supondría, para el agua que consumimos una gran parte de la población regional y de provincias limítrofes, proponiendo por ello fórmulas alternativas
¿Y por qué es grave esta nueva aportación? No dudamos en absoluto de las medidas que los técnicos de REPSOL adoptaron para garantizar al máximo la seguridad de que no habrían fugas, pero también sabemos que nada humano es infalible y que las leyes de la Naturaleza son a veces caprichosas o no tan fijas como parecen. Tienen un margen de error.
Decía mi abuela que “lo que no pasa en un año pasa en un día”. En efecto ¿quién nos asegura rotundamente que no puede producirse una fuga y contaminar las aguas? ¿Qué habría que hacer entonces? ¿Vaciar el pantano? ¿Dejar que bajase el agua y contaminar los suelos y llevarlo hasta…Guardamar, porque el río no desagua en el mar?
Por si fuera poco en este momento asistimos a la construcción de un nuevo oleoducto que discurre prácticamente paralelo al anterior, sin que nadie se haya opuesto al mismo y sin que se haya visto la posibilidad de que pase por otras zonas que no sean áreas protegidas. Cuestión de dinero, como siempre. Debe ser este el itinerario más económico.
Con este breve texto hemos pretendido informar y aclarar algunas cosas. Reiteramos nuestra adhesión a los objetivos pero dejando claro que, desde nuestra perspectiva de cuidar el río y todo el entramado social, cultural y ambiental que el mismo crea como vertebrador de nuestra región, nos preocupan proyectos faraónicos en los que muchas veces estamos viendo intereses extraños que ponen como excusa la mejora de la calidad de vida. Por ello apostamos por actuaciones más sencillas que produzcan el mismo efecto beneficioso con menos costes económicos y medioambientales. Y aunque bastante se ha hecho aún nos quedan muchas parcelas por desarrollar para mejorar el agua de nuestros ríos.
En esas estamos y creemos que es un momento trascendental, porque si para algo debe servir una crisis es para ver qué cambios son necesarios en la sociedad y poner a funcionar un don gratuito de los seres humanos: la imaginación.
Ángeles Trujillo.- Forma parte del equipo de portavoces de la Plataforma en defensa del Río Segura de Calasparra, en representación de Ecologistas en Acción.
PROPUESTA DEL FORO CIUDADANO AL EQUIPO DE GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO DE CALASPARRA PARA EL FOMENTO DE LA TRANSPARENCIA Y LA INFORMACIÓN A LA CIUDADANÍA
Este es el texto de la propuesta que hemos dirigido a la Corporación:
Ante la proximidad de las elecciones municipales y autonómicas de este año 2011, esta organización ciudadana considera importante realizar una evaluación-informe del periodo legislativo anterior. Dicha evaluación debería comprender:
• Un informe del proceso a lo largo de estos cuatro años: logros, dificultades, expectativas que se abrieron y aquellas que seguirán pendientes. Es decir objetivos planteados al comienzo, conseguidos, superados y no realizados.
• Un informe de la situación económica de manera comprensible para la ciudadanía, en donde queden claros los ingresos, los gastos y el déficit global y por habitante.
• Situación del urbanismo en Calasparra, y todo lo concerniente al mismo, así como situación del PGOM.
• Variaciones de patrimonio municipal, con incrementos y disminuciones.
• Órganos y estructuras de participación en la toma de decisiones creados, según se establece en la Agenda Local XXI que nuestro ayuntamiento firmó con otros de la Región. Nos permitimos recordarle aspectos importantes que deben inspirar este tipo de dinámicas, tales como que: “ El proceso de implantación de la Agenda 21 Local requiere la participación de una gran variedad de agentes del ámbito político, asociaciones, colectivos sociales, culturales y económicos. La participación activa de la ciudadanía, es la garantía del éxito de la comunidad municipal en la elaboración de políticas, programas y planes” (Documento de la Federación de Municipios de la R. de Murcia.
Tal informe debería hacerse extensivo a los últimos doce años, dado que las variaciones en el equipo de gobierno han sido mínimas y que la persona responsable, es decir el alcalde, ha permanecido en ese periodo.
Todo lo anterior debería llevarse a cabo con un modelo objetivo y realista, al objeto de fomentar la reflexión ciudadana y el compromiso ante las posibles dificultades con que nos pudiésemos encontrar en el pueblo, tal como está ocurriendo en otros.
Formulamos esta petición-sugerencia por varias razones:
• Existen diversos debates por grupos y personas del pueblo, los cuales generan una variedad de comentarios confusos, que deben ser aclarados y no dejar lugar para las interpretaciones incorrectas. Todo ello al margen de que respetemos las opiniones diferentes, siempre que estén basadas en informaciones claras y fidedignas.
• Creemos que los nuevos tiempos hacen necesario superar a la propia legislación, puesto que la misma no nos pone techo a la hora de la transparencia informativa. Es un buen momento, no sólo para imaginar, sino también para aplicar nuevos modelos de comunicación ciudadana.
• Existe una herramienta informativa que es el pequeño periódico local al que hay que potenciar como medio de educación política y ciudadana, aspectos ambos que son básicos si queremos formar una sociedad nueva, en la que seamos todos y todas corresponsables.
• En nuestro último INFORME 2010. EL OTRO ESTADO DE LA REGIÓN, elaborado por el Foro Ciudadano de la Región de Murcia, del que formamos parte, se dictaminaba un déficit democrático y de baja participación, surgiendo por ello nuestro compromiso de actuar en la línea de la mejora de ese aspecto, cada cual en el medio que se insertaba, dado que existen diversos Foros locales.
• Consideramos que, al igual que otros organismos, las instituciones locales deben rendir cuentas a sus ciudadanos y ciudadanas, una vez al año, más allá de los documentos oficiales que casi siempre son lejanos e incomprensibles para la gente de a pie, por lo que se vive en un limbo informativo. No obstante, si ello no fuera posible por razones de disponibilidad de recursos, debería contemplarse al finalizar cada legislatura como mínimo.
Desde nuestra perspectiva de personas que desea propiciar una profundización en una democracia más real, proponemos esta idea que confiamos sea bien recibida y, si es posible se lleve a la práctica, con lo que todos saldremos ganando, y se incluya dentro del proyecto “imagina” que según parece se está diseñando para recoger aportaciones de toda la Comunidad.
Atentamente.
FORO CIUDADANO DE CALASPARRA.- Adscrito al Foro Ciudadano de la Región de Murcia.
Ante la proximidad de las elecciones municipales y autonómicas de este año 2011, esta organización ciudadana considera importante realizar una evaluación-informe del periodo legislativo anterior. Dicha evaluación debería comprender:
• Un informe del proceso a lo largo de estos cuatro años: logros, dificultades, expectativas que se abrieron y aquellas que seguirán pendientes. Es decir objetivos planteados al comienzo, conseguidos, superados y no realizados.
• Un informe de la situación económica de manera comprensible para la ciudadanía, en donde queden claros los ingresos, los gastos y el déficit global y por habitante.
• Situación del urbanismo en Calasparra, y todo lo concerniente al mismo, así como situación del PGOM.
• Variaciones de patrimonio municipal, con incrementos y disminuciones.
• Órganos y estructuras de participación en la toma de decisiones creados, según se establece en la Agenda Local XXI que nuestro ayuntamiento firmó con otros de la Región. Nos permitimos recordarle aspectos importantes que deben inspirar este tipo de dinámicas, tales como que: “ El proceso de implantación de la Agenda 21 Local requiere la participación de una gran variedad de agentes del ámbito político, asociaciones, colectivos sociales, culturales y económicos. La participación activa de la ciudadanía, es la garantía del éxito de la comunidad municipal en la elaboración de políticas, programas y planes” (Documento de la Federación de Municipios de la R. de Murcia.
Tal informe debería hacerse extensivo a los últimos doce años, dado que las variaciones en el equipo de gobierno han sido mínimas y que la persona responsable, es decir el alcalde, ha permanecido en ese periodo.
Todo lo anterior debería llevarse a cabo con un modelo objetivo y realista, al objeto de fomentar la reflexión ciudadana y el compromiso ante las posibles dificultades con que nos pudiésemos encontrar en el pueblo, tal como está ocurriendo en otros.
Formulamos esta petición-sugerencia por varias razones:
• Existen diversos debates por grupos y personas del pueblo, los cuales generan una variedad de comentarios confusos, que deben ser aclarados y no dejar lugar para las interpretaciones incorrectas. Todo ello al margen de que respetemos las opiniones diferentes, siempre que estén basadas en informaciones claras y fidedignas.
• Creemos que los nuevos tiempos hacen necesario superar a la propia legislación, puesto que la misma no nos pone techo a la hora de la transparencia informativa. Es un buen momento, no sólo para imaginar, sino también para aplicar nuevos modelos de comunicación ciudadana.
• Existe una herramienta informativa que es el pequeño periódico local al que hay que potenciar como medio de educación política y ciudadana, aspectos ambos que son básicos si queremos formar una sociedad nueva, en la que seamos todos y todas corresponsables.
• En nuestro último INFORME 2010. EL OTRO ESTADO DE LA REGIÓN, elaborado por el Foro Ciudadano de la Región de Murcia, del que formamos parte, se dictaminaba un déficit democrático y de baja participación, surgiendo por ello nuestro compromiso de actuar en la línea de la mejora de ese aspecto, cada cual en el medio que se insertaba, dado que existen diversos Foros locales.
• Consideramos que, al igual que otros organismos, las instituciones locales deben rendir cuentas a sus ciudadanos y ciudadanas, una vez al año, más allá de los documentos oficiales que casi siempre son lejanos e incomprensibles para la gente de a pie, por lo que se vive en un limbo informativo. No obstante, si ello no fuera posible por razones de disponibilidad de recursos, debería contemplarse al finalizar cada legislatura como mínimo.
Desde nuestra perspectiva de personas que desea propiciar una profundización en una democracia más real, proponemos esta idea que confiamos sea bien recibida y, si es posible se lleve a la práctica, con lo que todos saldremos ganando, y se incluya dentro del proyecto “imagina” que según parece se está diseñando para recoger aportaciones de toda la Comunidad.
Atentamente.
FORO CIUDADANO DE CALASPARRA.- Adscrito al Foro Ciudadano de la Región de Murcia.
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