PACTO POR LA TRANSPARENCIA Y EL BUEN GOBIERNO EN LA REGIÓN DE MURCIA

Documento del Pacto por la Transparencia


Los ciudadanos, instituciones y organizaciones de la sociedad civil murciana abajo firmantes deseamos manifestar lo siguiente:

1. Sentimos una honda preocupación por la actual situación de profunda crisis económica y la creciente percepción ciudadana sobre la ineficacia de nuestras administraciones públicas en todos los niveles de gobierno. La baja calidad democrática de nuestras instituciones, la dificultad para salir de la crisis e incluso para atisbar un horizonte de mejora, así como los episodios de corrupción desvelados en estos últimos años, están dando lugar a un progresivo sentimiento ciudadano de desafección o desapego hacia la política y los políticos. De acuerdo con los barómetros del CIS, la clase política se ha convertido en el tercer problema del ranking de preocupaciones públicas de los españoles. De continuar esta deriva los riesgos de que surjan “soluciones” populistas y/o autoritarias serán cada vez mayores. La Región de Murcia no es ajena a esta situación y a estos riesgos.

2. Consideramos que en un momento tan crítico como éste es imprescindible reivindicar la nobleza y la necesidad de la actividad política democrática. Precisamente en un contexto de intensa crisis es más evidente la necesidad de la política, la actividad de coordinación de los intereses particulares se torna imprescindible. Ignorar el papel esencial de la política conduce inevitablemente a situaciones sociales aún más graves. En consecuencia, tras la situación de descrédito a la que se ha llegado no sólo en la Región, sino en toda España y en buena parte de Europa, se hace necesario recuperar la confianza de los ciudadanos en la política y los políticos.

3. Proponemos un instrumento que permita acrecentar la confianza de los ciudadanos en los políticos y en las instituciones políticas de la Región y, al mismo tiempo, permita a éstas actuar con una mayor eficacia. Se trata de un pacto por la transparencia y el buen gobierno que incluye una batería de medidas características del denominado Gobierno Abierto y articuladas en torno a cinco ámbitos de actuación: transparencia, participación, colaboración, evaluación y control externo:

A. Transparencia: “Queremos saber”. Los ciudadanos necesitan acceder a toda aquella información que les permita conocer y juzgar la actividad de las diferentes instituciones públicas. Y éstas han de generar de manera activa la información relevante y hacerla accesible a los ciudadanos.

B. Participación: “Queremos tomar parte”. Los ciudadanos, y no sólo los directamente afectados, debemos tener una mayor capacidad de participar e influir en la toma de decisiones públicas si hemos de responsabilizarnos de las mismas.

C. Colaboración: “Queremos contribuir a la mejora de los servicios públicos”. Ciudadanos, colectivos, asociaciones y empresas tienen que tener cauces para colaborar en los procesos de mejora de la prestación de los servicios públicos.

D. Evaluación: “Queremos conocer el impacto real de las actuaciones públicas”. Todas las organizaciones públicas deben estar obligadas a supervisar y dar cuenta de cómo progresan en sus metas propias. Sólo así podrán los ciudadanos conocer cuál es el efecto real que determinados planes públicos de actuación están teniendo sobre aquellas realidades sociales a las que se dirigen.

E. Control externo: “Queremos instituciones públicas con capacidad de reacción efectiva ante las anomalías o las quejas externas”. Las organizaciones públicas deben contar con mecanismos internos que les permitan procesar las anomalías que se detecten en su funcionamiento y las quejas que reciban por los problemas generados en su actuación. Asimismo, han de existir mecanismos externos a la propia organización que lleven a cabo un control eficaz y no meramente formal de su actuación.

4. Con ello pretendemos mejorar la eficacia y la legitimidad de nuestras instituciones de gobierno, al tiempo que reforzamos la corresponsabilización de la sociedad murciana en las decisiones colectivas. Se trata, por tanto, de aprovechar la vigente situación de crisis para impulsar un cambio en la cultura y una reforma de nuestras instituciones públicas que rompa con la tradicional opacidad de su funcionamiento, ponga a los ciudadanos en el centro de su actividad y mejore su calidad democrática.

5. No inventamos nada. Este Pacto por la Transparencia y el Buen Gobierno en la Región propone una serie de medidas que no son de nuestra invención, sino que vienen siendo impulsadas desde hace unos años por organismos internacionales como la OCDE, el Consejo de Europa o la propia Unión Europea, con el objetivo de mejorar el funcionamiento de los gobiernos democráticos. Ya hay múltiples experiencias en marcha en otros países e incluso en algunas Comunidades Autónomas y Ayuntamientos. La Región de Murcia debe aprovechar estas experiencias y propuestas previas y convertirse en un referente de buen gobierno al menos en el plano nacional.

6. Queremos que este Pacto no sea una mera declaración de buenas intenciones que quede en un nuevo papel mojado. Con la intención de que este Pacto impulse cambios reales en el funcionamiento de nuestras instituciones públicas, se crea una Comisión de seguimiento del mismo, compuesta por representantes de todas las organizaciones firmantes, que publicará un informe anual sobre el grado de realización de este Pacto por las autoridades responsables.

EL PACTO POR LA TRANSPARENCIA Y EL BUEN GOBIERNO EN LA REGIÓN DE MURCIA se articula en torno a las siguientes medidas:




A. TRANSPARENCIA
1. Ley de Transparencia y Acceso de los Ciudadanos a la Información Pública de la Región de Murcia.

El derecho de acceso a la información es un derecho fundamental reconocido por la legislación internacional y la Constitución Española, que fija sus únicos límites. Todas las personas tienen el derecho de solicitar toda la información a todas las administraciones e instituciones públicas sin tener que explicar para qué quieren la información o qué uso van a dar a la misma y tienen el derecho de recibir una respuesta en un plazo breve y en un formato claro y comprensible.

La Región de Murcia a través de la Asamblea Regional debe aprobar en la próxima legislatura una Ley regional de Transparencia y Acceso de los Ciudadanos a la Información Pública en su ámbito de competencias, con independencia del que corresponda al Estado.

Entre otras medidas, esta ley determinará que los presupuestos públicos se divulguen de forma gratuita por Internet, incluyendo su proceso de elaboración, aprobación, ejecución y liquidación, así como el de las sociedades públicas y participadas dependientes de las Administraciones. Se analizarán las desviaciones entre lo aprobado y ejecutado, la liquidación final y las de cada organismo. También el endeudamiento real, los compromisos contraídos a largo plazo, así como su inventario. Se acompañará una memoria de la gestión con unos indicadores donde se evalúen la eficacia y la eficiencia de los recursos empleados, así como, un análisis de las medidas prioritarias para un desarrollo sostenible.

2. La incorporación de la nueva cultura del Gobierno Abierto

El desarrollo legal del derecho de acceso a la información se acompañará de la incorporación de la nueva cultura del llamado Gobierno Abierto por parte de todas las instituciones públicas de la Región, primando los valores de transparencia, participación y colaboración en todos los ámbitos de gestión.

Es un cambio cultural profundo respecto de la actual administración, que ha de colocar al ciudadano en el centro de la gestión. Este proceso debe alcanzar a todas las estructuras administrativas, su organización interna y dar lugar a nuevas formas de relación con los ciudadanos.

Las instituciones públicas regionales utilizarán y promoverán la utilización de herramientas de las Tecnologías de la Información (incluyendo recursos móviles), de la web 2.0 y de software libre, favoreciendo un rol activo de la ciudadanía en la generación de contenidos, y contribuyendo al desarrollo de programas de uso gratuitos para la comunidad.

3. Ley de Publicidad y Comunicación Institucional de la Región de Murcia.

Como ya han hecho otras comunidades autónomas, la Comunidad de Murcia regulará las campañas institucionales de publicidad y de comunicación realizadas por las administraciones públicas de la región y las entidades integrantes del sector público regional y de cualesquiera otras entidades que realicen sus campañas con dinero público.

Esta ley prohibirá las campañas que tengan como finalidad destacar los logros o los objetivos alcanzados por las mismas, garantizará principios de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación, y obligará a la elaboración de un Plan anual previo, con un límite de gasto. Asimismo establecerá el deber de realizar un informe anual en el que se incluirán todos los anuncios y campañas institucionales realizadas en el año anterior, señalándose su importe y los adjudicatarios de los contratos celebrados, que será de dominio público.

4. Registro público de subvenciones

Se modificará la Ley de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de forma que se establezca un registro regional público y obligatorio de todas las subvenciones concedidas, sin excepciones, con sus correspondientes cantidades y referencia nominativa de todo tipo de sujetos, que se actualizará al menos anualmente.

La debida transparencia alcanzará también a la publicación detallada de los procedimientos y criterios de concesión de todo tipo de subvenciones y ayudas, con determinación de cuantía y beneficiarios, incluyendo las personas jurídicas y los grupos de las que dependan.

También los preceptores de subvenciones por actividades de interés general deberán asumir obligaciones de transparencia económica, depositando en un registro público de libre acceso la correspondiente información.

5. Mecanismos de transparencia en toda la contratación pública

La contratación pública se ha identificado como la actividad de gobierno más vulnerable a la corrupción, de forma que la transparencia y la rendición de cuentas se consideran como condiciones clave para la promoción de la integridad y la prevención de la corrupción, eliminando las “zonas oscuras” y la discrecionalidad.

Se creará el Registro Público de Contrataciones del gobierno regional para que cualquier ciudadano pueda consultar todos los contratos realizados por el gobierno, los organismos autónomos y las sociedades públicas regionales y las empresas adjudicatarias

Se crearán Comisiones de Control y Seguimiento en la contratación pública allí donde no existan para garantizar los principios de transparencia, legalidad, publicidad y libre concurrencia, como recoge el Código del Buen Gobierno de la FEMP.

6. Simplificación de trámites administrativos y extensión de la e-administración

Es necesaria una adaptación de la legislación regional y de la normativa local en materia de simplificación de trámites administrativos integrada en la e-Administración de forma que elimine aquellos trámites que no añaden valor, asegurando el establecimiento de un modelo integrador de relación entre las empresas, los colectivos sociales y la administración pública, aprovechando las ventajas que supone disponer del DNI electrónico. Se contemplarán todas las obligaciones que se establezcan a nivel estatal y que suponen un evidente beneficio en la gestión (p. ej. Ley 11/2007 de Administración Electrónica).

El Gobierno autonómico y los Ayuntamientos de la Región de Murcia deberán adoptar de inmediato la implantación de herramientas como portales web accesibles, sistemas de información gerenciales (ERP) con modelos de gestión basada en la orientación al cliente (CRM), así como el uso de plataformas de redes sociales o comunidades virtuales y muchas otras que permite la Red Internet, con el fin de mejorar la eficiencia y eficacia de los procesos internos administrativos y su vinculación con la comunidad y los ciudadanos.

7. Transparencia legislativa

La Asamblea Regional tiene que adaptarse también a los requerimientos del Gobierno Abierto, según los modelos de los Parlamentos Abiertos, estableciendo una relación nueva con la ciudadanía a través de las posibilidades de las nuevas tecnologías, de forma que los ciudadanos puedan participar de la actividad parlamentaria, como ocurre en otras comunidades (Parlament 2.0 en Cataluña o Zabalik en el País Vasco).

La transparencia como técnica legislativa se aplicará también a las leyes que apruebe la cámara regional, que deberán llevar un informe anexo de transparencia relacionada con sus propósitos. En este informe se identificará la información relevante para la política de que se trate y se garantizará el acceso público a la misma.

8. Ratificación por los ayuntamientos de la Región del Código del Buen Gobierno Local de la FEMP e incorporación a su normativa.

La FEMP aprobó por unanimidad de todos los grupos políticos en diciembre de 2009 un Código de Buen Gobierno Local que recoge múltiples propuestas para un gobierno local más cercano, transparente y eficaz, comprometido con la calidad de la democracia. Incluye medidas de mejora de la gestión y de la democracia local, establece un régimen de incompatibilidades y declaración de actividades y bienes de los representantes electos y los no electos de las Juntas de Gobierno locales, criterios para la retribución económica de los electos y su publicidad, y medidas de democracia participativa.

Los ayuntamientos de la región deberán ratificar este Código, si no lo han hecho ya, informar de su contenido a los ciudadanos e incorporarlo a su ordenamiento a través de los Reglamentos Orgánicos y otras normas locales, y velar por su cumplimiento.

9. Una Ley regional de transparencia en la financiación de los partidos y las campañas electorales.

Este ámbito sigue siendo uno de los más problemáticos y opacos en nuestro sistema democrático. Para recuperar la confianza ciudadana en la política democrática, debemos dar pasos decididos para incrementar la transparencia en las cuentas de los partidos. La Región de Murcia puede convertirse en una comunidad pionera en este impulso. Esta ley obligaría a los partidos políticos que compiten en elecciones en la Región a ofrecer dentro de los seis meses posteriores al cierre de la campaña electoral correspondiente un balance suficientemente detallado de sus ingresos y gastos tanto en los comicios autonómicos como municipales. Anualmente realizarán una liquidación de los ingresos y gastos del mantenimiento ordinario de sus organizaciones locales y regionales, con un inventario de su patrimonio y sus deudas.

10. Una Ley regional de transparencia en la financiación de los agentes sociales.

Las organizaciones empresariales y sindicales que reciban financiación pública estarán igualmente obligadas a ofrecer una información pública rigurosa y detallada tanto de sus cuentas anuales como de los procesos electorales que lleven a cabo, incluyendo un inventario de su patrimonio y sus deudas.

11. Aplicación rigurosa del régimen de incompatibilidades de funcionarios y autoridades públicas.

Pese a la existencia de abundante legislación en este tema, seguimos presenciando con excesiva frecuencia que los intereses particulares de determinadas autoridades, funcionarios y empleados públicos se imponen sobre el interés general. Resulta inaceptable que suceda algo así, por lo que es del todo necesario que quienes desempeñan labores públicas estén sometidos con total rigor al régimen legal de incompatibilidades y a la obligación de depositar en un registro público sus declaraciones de intereses y actividades de carácter privado.



B. PARTICIPACIÓN
La participación activa de los ciudadanos ha de convertirse en el eje de una nueva administración local y regional. Si la democracia electiva ha de extenderse a los órganos administrativos descentralizados a los que aún no alcanza (como las Juntas Vecinales o de Distrito) la participación directa de unos ciudadanos con acceso a la información ha de convertirse en el objetivo prioritario de la acción institucional. Las múltiples figuras prácticamente inéditas que recogen los reglamentos municipales de participación (la audiencia pública, la iniciativa popular, la consulta popular o referéndum, el derecho de intervención en los plenos y otros órganos municipales, el derecho de propuesta, los consejos de participación, etc.), así como las nuevas vías que abren los nuevos desarrollos tecnológicos, han de ser promovidas activamente y utilizadas de forma habitual como instrumentos de una verdadera política de extensión de la participación, ocupando un papel central en la vida institucional.

12. Revitalización de Consejos de Participación.

Estos órganos de participación en las políticas sectoriales regionales y locales deben revitalizarse y eliminar su burocratización para salir de su vida lánguida cuando no inactiva. El objetivo es su transformación en instrumentos de mejora de la participación ciudadana y la rendición de cuentas.

Esta revitalización pasa por revisar su composición y funciones a fin de darles mayor representatividad y protagonismo, convirtiéndolos en actores relevantes de la vida institucional.

13. Revisión y mejora Ley Electoral Regional.

La actual Ley electoral regional debe revisarse para la introducción de mejoras que aumenten el respeto del principio de proporcionalidad, permitiendo la mejora de la representación de la voluntad popular y la igualdad del valor del voto, lo que sin duda enriquecerá la vida pública de la Región.

14. Reutilización de información del sector público por las empresas.

La reutilización de la información del sector público consiste en el uso por parte de personas físicas o jurídicas, de información generada por organismos del sector público, con fines comerciales o no comerciales. El sector público produce una gran variedad de información, que es potencialmente reutilizable por los ciudadanos, por la iniciativa social, por las ONG y por la industria de contenidos digitales (como por ejemplo, información social, económica, geográfica, estadística, meteorológica o turística y sobre empresas y educación) y por otros sectores. Aunque existe una directiva europea sobre ello, legislación estatal y alguna actuación significativa (el Programa APORTA, dentro del Plan Avanza 2) en la Región de Murcia esta reutilización está muy poco desarrollada.

Las administraciones regional y local han de impulsar esta línea de trabajo que mejora la transparencia y tiene un considerable potencial económico que deben desarrollar a través de decisiones estratégicas, organizativas y operativas, y de actuaciones de formación para crear una verdadera cultura de la reutilización. Para tal fin es fundamental la creación de un Portal Open Data de la Comunidad Autónoma, donde se incorporen a su vez los datos de las administraciones locales.

15. Presupuestos participativos

Los Presupuestos Participativos están demostrando en las Administraciones públicas que lo aplican que son un proceso social y políticamente muy dinámico, revitalizador de la democracia y compatible con las técnicas presupuestarias de la contabilidad pública. Es una forma de compartir decisiones de inversión o gasto en las haciendas locales con criterios de equidad e integración social, impulsando la eficiencia en la gestión, la transparencia y la rendición de cuentas al ciudadano.

Impulsar la participación ciudadana en la elección de prioridades, es un método eficaz para gestionar el gasto público especialmente en momentos de escasez por la crisis. Su implantación es respuesta de la voluntad política, iniciando el proyecto de participación con un porcentaje de las inversiones o gastos para que los ciudadanos los prioricen, asumiendo sus decisiones en los presupuestos generales municipales. Todo ello con el apoyo de una “oficina presupuestaria independiente”, que sirva de vehículo de información, control, transparencia y rendición de cuentas, para dar consistencia a su funcionamiento.

16. Participación social en los medios públicos de comunicación.

El acceso de los grupos sociales y políticos a los medios de comunicación de titularidad pública es un derecho constitucional (art. 20.3), recogido en diversas leyes y regulaciones para el ámbito estatal. Este derecho debe ser desarrollado en la Región de Murcia para que los diferentes grupos sociales -además de los políticos- puedan acceder a los medios públicos regionales de manera que se garantice la participación y la visibilidad de la sociedad civil organizada en el conjunto de su programación con criterios de pluralismo social.


C. COLABORACIÓN
La colaboración – con los ciudadanos, con sus asociaciones, con las empresas, con los empleados públicos y los responsables políticos, entre distintos departamentos en una administración, y con otras administraciones- es uno de los pilares del cambio cultural que llega. Hablamos de unas nuevas relaciones de poder basadas en la corresponsabilidad, de nuevos métodos de trabajo colaborativo que permita abordar, como consecuencia de la participación, los retos que los gobiernos no pueden abordar solos, mejorando los resultados de las políticas públicas a través del conocimiento y experiencia de los ciudadanos. Esto requiere nuevas herramientas, métodos y sistemas innovadores – internos y externos-en los que las nuevas tecnologías han de jugar un papel decisivo, y una nueva formación de todos los agentes intervinientes.

17. Puesta en marcha de sistemas ágiles de encuestas y/o de recogida de información y opiniones de los ciudadanos.

Con la misión de mejorar los servicios públicos, incorporar propuestas a la gestión de gobierno, aprovechar, en su medida adecuada, los recursos que los ciudadanos divulgan a través de Internet en beneficio de los servicios comunitarios, conocer su opinión para prevenir incidentes o solucionar posibles problemas futuros, o reaprovechar recursos multimedia generados por los usuarios y por los empleados públicos para ofrecer nuevos servicios.



D. EVALUACIÓN
18. Obligatoriedad de evaluación de las políticas y los planes públicos

Una administración eficaz y eficiente no puede permitirse eludir la evaluación de sus planes y de sus políticas. No es una posibilidad: es una obligación del Buen Gobierno, que debe constituirse en la norma exigida a todas las administraciones de la región.

Cada administración deberá contar con un Plan de Evaluación, donde recogerá los compromisos temporalizados de evaluación de sus actuaciones. Esto requiere necesariamente el establecimiento de indicadores de evaluación sobre la base de información públicamente accesible, sistematizada y generada de forma regular.

La administración regional complementará las evaluaciones convenidas con la Agencia Estatal de Evaluación –que tendrán la máxima prioridad- con otras realizadas con medios regionales. Estas evaluaciones serán públicas y estarán recogidas en un Registro de Evaluación de las Políticas públicas y la Calidad de los Servicios Públicos (como existe, por ejemplo, en Navarra).

19. Realización de Memorias de Rendición de Cuentas en todos los Planes regionales

Como actuación complementaria de la anterior, la práctica de realización de memorias públicas sobre cada uno de los planes regionales de actuación en desarrollo o finalizados debe generalizarse sin excepciones. Su orientación ha de ser realizada en términos de valor público y de modificación de la realidad y su periodicidad ajustada a la duración del plan.


E. CONTROL EXTERNO
20. Creación de Oficinas presupuestarias en los ayuntamientos y en el Gobierno autonómico.

Estas Oficinas del Presupuesto controlarán la ejecución y las decisiones presupuestarias, expondrán en tiempo real su evolución y pondrán toda esta información a disposición de cualquier ciudadano. Esta Oficina del Presupuesto, estará dirigida por un profesional cualificado en la materia, funcionario, nombrado a propuesta de los grupos de la minoría, los que no gobiernan, y su nombramiento se realizará por el Consistorio en pleno/ Asamblea Regional. Se podrá rechazar la propuesta, hasta que se acepte el candidato. El nombramiento es por la duración del mandato, cuatro años y contará con los medios adecuados para cumplir sus funciones de control del presupuesto.

21. Auditorías ciudadanas.

La “gobernanza eficaz” precisa de la participación democrática, es decir, de una mayor implicación de los ciudadanos en la acción de dar cuentas de lo que se hace y de compartir las revisiones de los programas y objetivos presupuestarios y su incidencia en la vida de la sociedad local o regional. Esta acción de compartir información, de evaluar con auditorias ciudadanas, creará un diálogo ordenado que permitirá distinguir las acciones más socialmente responsables de aquéllas que no han cumplido los efectos deseados para la sostenibilidad. Con ello se evitará que “buenos políticos” tomen decisiones inadecuadas desde el punto de vista de la gobernanza ciudadana y de la ética.

22. Auditorías de desempeño.

Los organismos públicos de control externo (tribunales de cuentas) u órganos equivalentes deben extender su papel más allá de la mera fiscalización de la ejecución de los presupuestos para llevar a cabo una verdadera auditoría de desempeño. En este sentido, se trata de identificar la información relevante, para lo que se permite emplear técnicas como las encuestas o entrevistas a usuarios para obtener información de interés sobre las políticas y servicios; se analiza la transparencia del comportamiento gubernamental desde el punto de vista de la capacidad de los ciudadanos para acceder, entender y analizar los datos provistos por la administración; y se establecen los beneficios públicos relacionados con las actuaciones, identificando los obstáculos y mejoras que han de producirse.