JUEZAS Y JUECES AL SERVICIO DE LA CAUSA

El Barómetro de febrero de 2011 del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) que recoge la opinión de los españoles sobre diversos problemas políticos y sociales contiene algunos datos que creo que son bien significativos del estado de la administración de justicia en España.

Solo un ínfimo 0,4% de la población española considera que nuestra justicia funciona muy bien y un 18% que simplemente bien. Por el contrario, el 37,7% opina que funciona mal y el 11,3% que muy mal. Es decir que prácticamente la mitad de la población española piensa que la justicia, uno de los servicios cuyo buen funcionamiento es esencial para que pueda haber democracia real en un país, funciona mal o muy mal en España.

Podría considerarse que eso se debe a que dispone de medios escasos puesto que el 61,6% de los encuestados cree que los que tiene son más bien insuficientes.

Pero no. La razón de esa mala valoración de los españoles no se debe a que los jueces y magistrados tengan pocos medios.

La realidad es que, aunque seguro que no son los necesarios, lo cierto es que cada vez cuentan con más y mejores recursos materiales y humanos y, sin embargo, el 75,8% de los españoles tiene la impresión de que en los tres o cuatro últimos años la justicia funciona igual o peor que en tiempos anteriores.

Es teniendo en cuenta otras preguntas y respuestas que contiene el Barómetro como creo que se puede deducir claramente la naturaleza del mal que sufre la justicia española.

Así, resulta que según el CIS solo el 15,1% de los españoles cree que la justicia trata igual a ricos y a pobres mientras que un 77,4% está poco o nada de acuerdo con esa afirmación. Y el 59,7% de los españoles viene a pensar que los tribunales no protegen a los ciudadanos de los poderosos.

Se podría deducir, entonces, que lo que hace que la mayoría de los españoles tengan una opinión tan mala de los jueces se debe a que éstos, en lugar de proteger a la mayoría de la población más bien se dedica a cuidar preferentemente a los más ricos y poderosos. Y la mayoría social lo siente y, lógicamente, lo tiene en cuenta a la hora de valorar el trabajo de los jueces y juezas.

Tampoco se puede decir que los españoles tengan la imprescindible confianza que habría que tener en la honestidad en quienes imparten justicia pues solo un 37,8% afirma estar de acuerdo cuando se les pregunta si creen que los jueces y juezas suelen actuar en los pleitos con honradez y sin dejarse influir por ningún tipo de presión, mientras que más o menos el mismo porcentaje (37,5%) afirma que está poco o nada de acuerdo con esa idea. Y solo un 18,8% de los españoles cree que los casos de corrupción en el mundo de la justicia son tan excepcionales como para decir que allí no existe corrupción. El 59,5% de los españoles está poco o nada de acuerdo con eso, es decir, que más bien piensa que sí que hay corrupción en la administración de justicia.

Y como prueba de la inseguridad que todo ello proporciona, resulta que el 75,8% de los españoles esta muy o bastante de acuerdo con la idea de que hoy día el resultado de un pleito legal depende, en buena medida, del juez o jueza que a uno le toque. Es decir, que piensan que cada juez o jueza toca la flauta según le parece a la hora de administrar justicia.

Y resulta también muy significativo que se pueda deducir que esas opiniones tan negativas están vinculadas no con valores abstractos sino con la experiencia de los ciudadanos como demuestra el hecho de que el 39,5% de las personas que han tenido una experiencia con la justicia afirmen que después de haberla tenido su opinión sobre ella empeoró en lugar de mejorar, mientras que solo el 15,4% afirma estar muy o bastante de acuerdo con la idea de que mejoró.

Y no se crea que los ciudadanos tienen una opinión tan negativa de la justicia porque crean que los jueces y juezas están mal preparados. Todo lo contrario, solo el 12% afirma estar muy o bastante en desacuerdo con la idea de que, por lo general, los jueces y juezas están bien preparados y son competentes.

La conclusión parece entonces bastante evidente. Parece que la inmensa mayoría de los españoles cree que los jueces son competentes pero que en la administración de la justicia que llevan a cabo hay corrupción, y que la aplican preferentemente en favor de los poderosos y de un modo muy poco cuidadoso con sus derechos.

Y, se mire como se mire, no creo que sea una casualidad el que solo el 12% de los españoles crea que los jueces son más bien progresistas mientras que el 43,5% opina que, por el contrario, son más bien conservadores.

A la vista de todo ello no creo que nadie se pueda extrañar de que la mayoría de los españoles tengan, tengamos, una idea tan negativa de quienes administran justicia. ¿Cómo nos va a extrañar si es raro el día en que no tenemos noticia de una tropelía, o de una decisión judicial que muestre la querencia tan evidente de tantos jueces y juezas españoles hacia las personas más poderosas y derechistas?

En España, jueces de ideología muy significada están persiguiendo al juez que trató de descubrir una trama de financiación ilegal por haber llevado a cabo una actuación procesal que contaba con el informe positivo del fiscal, mientras que los verdaderos delincuentes a quien la propia justicia encubre se deben estar partiendo de la risa por las esquinas. Por no hablar, de los jueces que incluso asesoran a los extremistas de derecha que tienen más apoyo en los más altos tribunales para defender la dictadura y tratar de ocultar sus crímenes que los jueces que tratan de descubrirlos.

¿Cómo no tener esa opinión tan negativa de los jueces y juezas españolas cuando es tan evidente que cuando se trata de juzgar a los ricos y a los dirigentes de la derecha se pierden los papeles, se demoran los procesos y todo termina prescribiendo, mientras que si el que cae es alguien de izquierdas los jueces se dan una diligencia extrema para cerrar los casos jaleada por la derecha política?

¿Cómo se puede entender que sean siempre tan lentos con los mismos y que siempre se le terminen escapando de las manos las piezas de piezas de caza mayor que son de derechas o tienen dinero?

¿Cómo se puede pensar bien de una justicia que ha dejado ir de rositas a banqueros y grandes financieros cuando ha habido mucho más que pruebas de sus responsabilidades, o que calla cuando altos dignatarios hacen negocios de todo tipo de los que sabe todo el mundo menos los fiscales y magistrados?

¿Cómo no pensar mal de los jueces que primero hacen declaraciones manifestando sin pudor su ideología derechista y que luego son tan generosos a la hora de juzgar a quienes la comparten y tan severos con quienes piensan de otro modo, ¡esos rojos!?

¿Cómo no pensar mal de jueces y juezas que no se abstienen ni por iniciativa propia ni a petición de parte cuando sus propias esposas o maridos se hayan relacionados con los casos que han de juzgar, o cuando han sido los propios imputados quienes han declarado su amistad íntima con ellos?

¿Qué opinión se puede tener de unos jueces a quienes no se les cae colectivamente la cara de vergüenza cuando se anuncia una detrás de otra las prescripciones en procesos que afectan a la flor y la nata del capital y la política de derechas? ¿qué otro colectivo es capaz de permanecer incólume cuando dentro de él se descubren todo este tipo de cosas?

¿Y cómo tener buena opinión de una justicia en la que resulta tan evidente que muchos jueces proceden y sentencian con una cadencia y una sintonía tan contiguas a las que llevan los dirigentes del Partido Popular?

¿Cómo se puede confiar en la justicia que imparten magistrados que en los más altos tribunales están divididos en bandos de “conservadores” y “progresistas” y que no mueven su voto de las sentencias para alinearse siempre con los suyos pase lo que pase, porque para eso los puso el correspondiente partido?

¿Cómo se puede tener buena opinión de la justicia si no pasa nada cuando hay jueces que para sentenciar como desean no admiten las pruebas que solicitan para poder defenderse, como Baltasar Garzón, aquellos a quienes acusan; o que no reclaman testimonios decisivos para poder conocer la verdad de los casos, como ocurrió en el llamado caso Los Merinos, en Málaga, o que sentencian cada vez con un criterio según quién sea la persona a quien están juzgando?

¿Cómo pueden apreciar los ciudadanos a una administración cuando se enteran por los medios o por propia experiencia que se permite que los jueces o juezas hagan juicios de valor temerarios dentro y fuera de sus propias sentencias, que llevan a cabo auténticas causas generales contra gobiernos contrarios a su ideología y sean tan condescendientes contra otros con los que es evidente que simpatizan?

¿Cómo va a ser buena la opinión de una sociedad moderna sobre una administración de justicia en donde prácticamente no pasa nada cuando hay jueces que dictan sentencia en nombre de Dios, cuando cada año se producen docenas de sentencias machistas o simplemente dislocadas como la que, refiriéndose a la violada libertad sexual de una mujer, señalaba que “es necesario apreciar una menor gravedad en las consecuencias del delito sobre la víctima, por el hecho de tratarse de su marido y no de un desconocido”? ¿Y qué valor darle a una administración en donde hay jueces como Francisco Javier Paulí que sentenciaba que el aspecto físico de una mujer que había sido víctima de malos tratos, su forma de vestir, sus anillos, pulseras y pendientes demostraban en ella una conducta “que no coincide con la de una mujer que ha pasado meses de agresiones”; o a Ferrín Calamita que equipara la relación homosexual con la de un pederasta, o al titular de un juzgado de la localidad de Manresa que dejó en libertad sin fianza a un hombre acusado de degollar a su esposa, entre otros motivos, porque “delitos pasionales como el que nos ocupa se suelen producir una vez en la vida, al igual que sucede con los delitos de los funcionarios”?

¿Qué otra opinión se merece una justicia que no encarcela a un hombre que mata a su mujer “en casa de sus suegros, y en presencia de ellos, de su esposa y de su hija de cinco años, (…) sin atender a razones y requerimientos de que dejase la Nochebuena en paz”, y que casualmente era un colega de los magistrados que lo juzgaron?

¿Qué podemos esperar los ciudadanos de la justicia cuando el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo del Poder Judicial, Carlos Dívar, es capaz de afirmar que es “libertinaje” “dudar de la honestidad y el trabajo del órgano de gobierno del Poder Judicial”, como si sus miembros fueran dioses, querubines, divinidades o majestades arcangélicas ajenas a cualquier mal, cuando en realidad son los que está dejando pasar la corrupción judicial que tan nítidamente perciben los españoles?

¿Cómo respetarlo cuando los ciudadanos pueden leer en los medios de comunicación que ese Consejo se permite considerar que una juez como Laura Alabau que se niega a cumplir la ley y lo predica insultando a órganos gubernamentales simplemente está haciendo uso de su libertad de expresión?

¿Cómo confiar en la ecuanimidad de los jueces españoles cuando se ha sabido que “El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Francisco Hernando, ordenó a los servicios técnicos del órgano de gobierno de los jueces retrasar la publicación en el Boletín Oficial del Estado de dos de los cuatro nombramientos de la Sala de lo Civil del alto tribunal aprobados el 20 de abril de 2005, según el secretario general del Consejo, Celso Rodríguez Padrón, una maniobra con que “se alteró la composición de la Sala Especial que ilegalizó a Batasuna y que actualmente liquida su patrimonio (Sala del 61), dando entrada en ella al conservador Antonio Salas, en lugar de a Encarnación Roca, de sensibilidad catalanista y progresista”.

¿Cómo confiar en ese órgano en donde hay o ha habido jueces como Antonio Montserrat Quintana que decidió no imputar a Jaume Matas, por entonces presidente del Govern de las islas, por el caso Formentera, el supuesto pucherazo con inmigrantes argentinos realizado por el PP en las elecciones autonómicas de 1999; o en Concepción Espejel, presidenta de la Audiencia de Guadalajara, responsable de no aceptar el informe pericial en el que se descartaban las negligencias en el incendio que causó la muerte de once miembros de un retén para poder llevar al banquillo a técnicos y cargos políticos de la Junta de Castilla la Mancha? ¿Cómo confiar en ese tipo de jueces o en el Consejo cuando es público y notorio que las irregularidades y faltas de sus colegas terminan con multas simbólicas, si es que son castigadas?

¿Y cómo valorar bien a la justicia cuando se ha podido conocer el papel de algunos jueces en Marbella en la época de Jesús Gil, cuando era habitual ver por sus aledaños a magistrados de los tribunales más altos de la nación a costa de aquel alcalde corrupto?

No es exagerado ni mucho menos afirmar que una buena parte de la judicatura española está al servicio de la causa, pero de la causa de la derecha política y más concretamente del Partido Popular con quien comparte principios y en muchos casos incluso estrategias políticas concretas y es fácil suponer que, dada esa sintonía evidente, incluso directrices políticas. Uno de esos jueces, José Luis Requero, lo llegó manifestarlo claramente en una entrevista cuando se le preguntó si la asociación de jueces de derechas a la que pertenece era la cantera ideológica judicial del PP: “Somos el referente judicial del PP.

En este contexto no cabe extrañar la estocada judicial que acaba de darle una jueza de Sevilla al candidato de Izquierda Unida al Ayuntamiento, imputándolo casualmente el día en que su colación sacaba a la luz un documento por el que se comprometía a no presentar a personas imputadas, como ahora estará al parecer Antonio Torrijos, a las próximas elecciones municipales.

No conozco los pormenores del caso pero con todo lo que vengo señalando francamente ya no me extraña que se impute solo a un concejal por una decisión que respondía a una propuesta de su grupo político tratando de evitar la especulación inmobiliaria y que fue tomada unánimemente por todos los grupos políticos del consistorio. Ni que lo haga, porque en su día rechazara renunciar a juzgar el caso, una jueza que es la esposa de un auditor que anteriormente fue despedido de la empresa en la que se tomó la decisión que lleva a la imputación.

No sé si Antonio Torrijos renunciará finalmente a presentarse para no poner en entredicho la coherencia y sinceridad de su grupo político a la hora de asumir compromisos ante el resto de las candidaturas. Pero el mal está hecho en cualquier caso, como en el del parlamentario valenciano Ángel Luna que termina sentado en el banquillo por enseñar un informe policial donde se demuestra el cobro de comisiones mientras que los que se aprovecharon de ello se sientan en los escaños del parlamento. Así se cierra, ya demasiadas veces, el círculo de la justicia que administra la derecha judicial, haciendo el servicio político a la derecha política, porque ambas parece que sienten como irrenunciable la idea de que España y los españoles somos de su exclusiva propiedad.

(*) Juan Torres López es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla.